Se encuentra en Ramos Mejía
Fundación Viviré: en la lucha constante contra la drogadicción

Desde hace 13 años los miembros de la entidad se dedican a recuperar a los jóvenes que caen diversas adicciones * Proponen un abordaje interdisciplinario para recuperar a los adictos * En noviembre realizaron una jornada en el Congreso de la Nación *

La fundación Viviré de Ramos Mejía es un centro integral de asistencia al drogadependiente que lucha por la reconstrucción de la sociedad, a través de la recuperación de adictos y a la prevención, trabajo que apunta a evitar la caída en este flagelo, de las franjas de la población en constante riesgo.
La entidad se fundó hace 13 años en Merlo y desde hace 5 que funciona en Ramos Mejía, como hospital de día y centro ambulatorio. Su presidente, Alejandro Rosatti señala que “en este lugar recibe apoyo toda persona que se acerca, por voluntad propia, con problemas de dependencia con cualquier tipo de sustancias”.
Con más de 10 años de experiencia en la temática, Rosatti habla de dos nuevas vertientes palpables en los últimos años con respecto al consumo de drogas. Por un lado, la temprana edad en que se inician en el consumo, que en los casos extremos se centra entre los 8 y 10 años, y por otro, la polidrogadicción, es decir, la adicción simultánea a varias sustancias a la vez.
Como tarea preventiva, desde hace 10 años la fundación organiza una jornada anual, en la que se tratan distintas problemáticas vinculadas al flagelo de las drogas.
La 10° edición del encuentro se llevó a cabo en el mes de noviembre y su lema fue “¿Armamos el rompecabezas?”, en alusión a la necesidad de articular y equilibrar al sujeto, la familia y la sociedad, las cuales son, según los principios de la entidad, las tres columnas de un edificio que tambalea ante el impacto de la droga y que sólo pueden resistir si actúan en comunión y no desde una “actitud autista”.
Esta vez, la jornadas trascendieron el marco local, al ser declaradas de interés tanto por la Cámara de Diputados de la Nación como por sus pares de la provincia de Buenos Aires y también por las municipalidades de La Matanza, Morón, Ituzaingó y Moreno. El encuentro se realizó en el Congreso de la Nación.
El encargado de inaugurar las jornadas fue Alejandro Rosatti, presidente de la Fundación Viviré, quien junto a panelistas como José Rubén González, presidente de Fonga y los jueces de La Matanza Raúl Alí y Rodolfo Brisuela, enfatizaron algunos conceptos fundamentales para tener en cuanta a la hora de trabajar con esta problemática.
Uno de los ejes propuestos, es que la prevención de las adicciones se dicte como materia incluida en la curricula escolar. En este sentido, los oradores señalaron que “el consumo está en aumento porque cada vez hay mayor oferta. Este incremento del consumo es una realidad que todo el mundo sabía que se iba a producir pero nadie hizo nada por evitarla o modificarla”.
Con respecto a las políticas implementadas, los profesionales remarcaron que “sirven pero no alcanzan, más aún cuando estas cambian con cada funcionario. Es esencial que sobre todo los municipios apoyen a las organizaciones no gubernamentales que actúan en su territorio que siempre están, que mantienen una forma de actuar coherente y permanente”.
Sin embargo, en el encuentro se resaltó que se puede considerar positivo que el tema de la drogadicción haya dejado de ser considerado tabú, pero al mismo tiempo, es alarmante la tolerancia social que existe hoy hacia el consumo, en particular hacia el alcohol que es la droga de moda y es la puerta de entrada hacia otras adicciones.
“No se debe de ningún modo permitir la despenalización de la marihuana. No porque Holanda lo haya hecho se debe copiar. De hecho en los países en los que se implementó esta política el resultado fue un fracaso”, reflexionaron.
Otro de los puntos tratados es la legislación. Unas leyes reemplazan a otras, sin que se lleguen a aplicar las que estaban, ni se puedan aplicar las que las reemplazan”, ejemplificaron los expositores.
Además señalaron que “las nuevas leyes de la provincia de Buenos Aires en esta materia, a criterio de los jueces presentes, no sirven. El ciento por ciento de los menores que llegan a los juzgados tiene problemas de drogadicción y no hay dónde derivarlos para su recuperación. En este sentido el estado está ausente”.
Para abordar y resolver uno de los problemas latentes en todas las edades y clases sociales, desde la fundación manifestaron que “es necesario que se entienda que la drogadicción no es sólo un problema de salud, sino que es, justamente, un problema social y debe ser tratado como tal”.