Un caso polémico
Ofrecen 50 mil pesos de recompensa por el paradero del asesino de Daniel Sosa

Es un ex policía de La Matanza * Fue sentenciado por un caso de gatillo fácil que tuvo como víctima a Daniel Sosa * Pero en la jornada final del juicio escapó y hasta hoy está prófugo * Ahora el Ministerio de Seguridad ofreció 50 mil pesos de recompensa *

El Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció ayer una recompensa de 50 mil pesos para quien brinde datos fehacientes que permitan localizar al ex suboficial de la policía bonaerense Aníbal Ramón Olivera, prófugo desde que fue condenado a 18 años de prisión por un tribunal de La Matanza por el asesinato de Daniel Alejandro Sosa.
Quienes estén en condiciones de aportar información pueden comunicarse al teléfono 0221 429-3015 o dirigirse a una Fiscalía General de Cámara de cualquier departamento judicial de la Provincia de Buenos Aires. Por Olivera, el Ministerio de Seguridad bonaerense ya había ofrecido una recompensa en julio del 2004, que entonces ascendía a 30 mil. La captura del ex policía está activa desde el 30 de abril del 2004 cuando fue condenado por el crimen de Sosa, cometido el 2 de febrero del 2001, en lo que la familia de la víctima consideró un caso de "gatillo fácil".
Sosa era chofer de la empresa "Transportes Ruta 12" y padre de dos niños de 8 y 11 años. Fue asesinado en la medianoche del 2 de febrero de 2001, a la altura de la calle San José al 2200, en Aldo Bonzi, justo frente a la casa del policía. Todo ocurrió cuando Sosa volvía en su coche a su casa desde el Hospital Británico de la Capital Federal. Allí se había atendido porque había sufrido un esguince en el tobillo derecho al intentar bajarse del camión de una empresa de transportes del cual era chofer. Durante la etapa de instrucción, Olivera admitió que había matado a Sosa porque éste lo había querido asaltar. Sus abogados defensores trataron de demostrar en el juicio que el policía había actuado en legítima defensa, y pidieron su absolución.
Pero las partes acusadoras lograron desvirtuar totalmente esa causal de justificación que la defensa pretendía probar. Y por el contrario, se comprobó a lo largo del debate que “en realidad esto no fue otra cosa que un fusilamiento. Es decir, que se fraguó el enfrentamiento armado, se fraguaron las pruebas”, dijo el abogado de los Sosa. Las pericias balísticas tiraron abajo la versión que había dado Olivera durante la etapa de instrucción. Incluso su declaración en la audiencia del lunes, también fue contradictoria con lo que había declarado en 2001. También, durante el debate oral, peritos de la Policía Científica dijeron haber probado que Olivera le plantó un arma a Sosa (para simular que había intentado asaltarlo) y que después -posiblemente con ayuda de dos de sus hijos- movieron de lugar el cuerpo para modificar la escena.
Tanto las pruebas testimoniales como las periciales balísticas corroboraron que “en todas las declaraciones vertidas por Ramón Olivera, había mentido para tratar de zafar de una imputación penal”, calificó Becker. Este juicio, en definitiva, “posibilitó probar que Daniel Sosa era una persona de bien, honesta, trabajadora, excelente padre de familia y alejado totalmente de todo lo que pueda ser vinculado con hechos ilícitos”, resumió el profesional.
“Es decir, quedó a salvo su honor y el de la familia. Hecho que en todo momento se trató de corroborar, fue una búsqueda constante”, añadió.

La fuga

Después de emitir su veredicto, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Justo ordenó su inmediata detención ante el peligro de fuga del imputado. Pero ya era tarde: Olivera no fue hallado por personal de la Comisaría de Tapiales que fue asignado para arrestar al policía en la vivienda donde tendría que haber estado cumpliendo un regimen morigerado de prisión preventiva. Por unanimidad, el jurado encontró a Olivera “autor material del delito de homicidio simple”, motivo por el cual se mandó su rápido arresto mediante una comisión policial que debía entregar al detenido a la Comisaría 2ª de Ramos Mejía, para ser conducido a la Unidad de Servicio Penitenciario Bonaerense que se le asignase. Otro de los que está complicado en esta causa es el hijo mayor del hoy prófugo. Se presume que Roque Olivera -también policía- estuvo involucrado en el plantado de pruebas. Según se reveló en la última audiencia, se mandó a extraer testimonios de la sentencia a los fines de investigar la comisión del delito de encubrimiento como asimismo se giraron actuaciones al Ministerio de Seguridad y Justicia para que se le inicie un sumario interno y lograr así su exoneración de la institución policial.
En lo que respecta a Diego Olivera, otro hijo del detenido, el abogado querellante advirtió al final del juicio que “el criterio sería similar, aunque entiendo que la responsabilidad podría ser menor al de su hermano Roque, que participó activamente en las maniobras de adulteración de las pruebas”.