Será el próximo lunes
Llega el primer juicio por dos víctimas de los saqueos de 2001

Finalmente serán resueltos los casos Ramírez-Salas ocurridos en Ciudad Evita en las críticas circunstancias del caos social y político padecido por aquellas trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre, después de un dilatado proceso preliminar y varias suspensiones * Son llevados al juicio oral y público un comerciante y su custodio que tienen prisión domiciliaria * Además hay dos procesados libres *

Por Soledad Saliola.-

Los jóvenes Damián Ramírez y Ariel Salas, son dos de las decenas de víctimas que se cobraron sus vidas los nefastos episodios del 19 y 20 de diciembre de 2001. Varias dilaciones pasaron en estos años durante el largo proceso judicial hasta que se resolviera este próximo lunes comenzar a ser juzgada la responsabilidad de un comerciante de Ciudad Evita y su custodio en ambas muertes ocurridas en medio de los disturbios desatados por esos días.
Cuando el último 27 de noviembre, estaba por cumplirse un nuevo aniversario de los trágicos revueltas callejeras que derivaron en la renuncia de Fernando de la Rúa a la Presidencia de la Nación, el juicio por los asesinatos del adolescente Damián Ramírez y el joven Ariel Salas, ocurridos en diciembre de 2001 en Ciudad Evita, se suspendió.
Es que el presidente del Tribunal 3, Jorge Fabián Van Staden, pidió licencia y la subrogación había sido dada al titular del Tribunal 1 Alfredo Pedro Drocchi. Pero este magistrado estaba a cargo de otro juicio contra el acusado de quemar a su hijo de dos años.
En ese mismo proceso, además, intervenía en reemplazo provisorio del juez Joaquín Barrenechea, la jueza Diana Nora Volpiccina, también integrante del Tribunal 3, quedando así con la única conformación de la magistrado Liliana Logroño. Entonces, la audiencia de debate de los casos Ramírez-Salas fue pospuesta para el 5 de febrero de 2007.
La postergación tomó por sorpresa a las partes damnificadas, sobre todo porque hasta una semana antes tenían la garantía de la efectiva realización del juicio, pero además, porque no habían sido notificados del inconveniente y una de las madres se enteró de la suspensión a través de uno de los testigos.
La nueva fecha fijada no conformó a los familiares de Ramírez y Salas, pero de no aceptarla, según les anunciaron, el juicio se hubiera retrasado hasta el año entrante. Incluso temieron que se volviera a dilatar porque el defensor de uno de los imputados, Franco Mazzi, el polémico abogado Miguel Angel Pierri, había presentado la recusación del Tribunal por haber sido notificado telefónicamente de esa suspensión.
El enjuiciamiento por estos hechos viene demorándose desde el principios del último año. Cuando el 8 de marzo de 2005 concurrían a la audiencia preliminar establecida, de a cuerdo a la Ley 338, para designar cuándo el caso comenzaría a ser juzgado por el Tribunal 3, se encontraron que la misma había sido suspendida.
En esa oportunidad les informaron que se debía a que la causa se encontraba en la Cámara de Apelaciones desde el 8 de enero, porque otros dos procesados pidieron una requisitoria “para no ir a juicio”.
Luego, la audiencia volvió a quedar paralizada por segunda vez, el 12 de agosto, ya que pocos días antes renunció el abogado defensor del imputado Mazzi, en Miguel Racanelli, y en la Defensoría Pública habrían demorado la asignación de un nuevo profesional, por lo que se hizo cargo Miguel Angel Pierri.
Después, vino otra nueva audiencia hacia fines de septiembre, pero allí se resolvió seguir dilatando los plazos recién para junio de 2006.
Promediados los primeros meses de 2006 y cuando parecía que la fecha iba a ser corrida otra vez para dentro de un año más, la persistencia de la asociación de Madres de La Matanza, quienes cada jueves solían realizar manifestaciones frente al Tribunal para pedir la aceleración de los tiempos judiciales, logró influir en que llegara el ansiado ajusticiamiento.

Víctimas de la “conmoción” social

Damián Ramírez tenía 14 años cuando fue asesinado el 19 de diciembre de 2001. Según cuenta su madre, Raquel Arrieta, integrante de la asociación civil “Madres de La Matanza contra la impunidad”, su hijo había salido de la casa -en la calle Cristianía y Maciel- a ver los saqueos que se estaban produciendo en negocios de la vereda de enfrente y recibió un balazo por debajo de la oreja izquierda que traspasó su cabeza matándolo al instante. El disparo, dice con precisión, provenía de la esquina, en dirección diagonal al lugar del saqueo.
También, ese día y en el mismo sitio cayó muerto Ariel Salas, de 31años, quien venía de trabajar, y al bajar del colectivo y cruzar la calle para dirigirse a su casa, le pegaron un escopetazo en la cara.
La investigación por los delitos de “homicidio simple, homicidio en riña, tentativa de homicidio, lesiones graves y lesiones leves”, estuvo a cargo de la UFI N° 1 de La Matanza, en ese entonces del fiscal Eduardo Castelli, quien ordenó la detención del comerciante Franco Mazzi (50)-acusado de la muerte del adolescente Ramírez y de instigar el asesinato de Salas que estuvo varios meses prófugo- y de Bernardo Joulie (55), ex uniformado de la Prefectura, como presunto responsable del fallecimiento de Salas. Además, están procesados pero en libertad César Rafael Orellana (41) y César Enrique Maguicha (45).
Al momento de la tragedia, según habrían declarado estos imputados, estaban cuidando los locales que alquilaba Mazzi y dispararon “en defensa propia”. Fue debido al estado de conmoción por esos días y las características en que transcurrieron los hechos por lo cual el juez de garantías Rubén Norberto Ochipinti les dictó una prisión preventiva morigerada a ser cumplida en sus domicilios hasta que se sustancie el juicio oral.
En este sentido, fuentes judiciales explicaron a NCO que, para la aplicación de esta medida menos gravosa, se evaluó que no hubiese peligros procesales como la posibilidad de fuga, y el aseguramiento de que lleguen a juicio, además de respetarse el principio de inocencia.
En principio el juez consideró que los acusados actuaron en defensa de sus bienes y que no habrían salido a matar, aunque la última palabra la tendrá en los próximos días el Tribunal cuando comience a develar la verdad.
El abogado Alejandro Bois, es quien representará a las familias de las víctimas ante el estrado como la parte demandante, y contará con la colaboración de la abogada Paula Betina Squassi, que considera que se prevé el juicio dure aproximadamente durante todo esa semana,
Las audiencias se llevarán a cabo en el salón del segundo piso del edificio de la calle Mendoza 2417 de San Justo, a las que asistirán representantes del Centro de Protección de Víctimas, que depende del Ministerio de Justicia bonaerense, y las integrantes de la organización no gubernamental “Madres de La Matanza Contra la Impunidad”, quienes, anunciaron, efectuarán una vigilia el domingo frente al establecimiento judicial a la espera del inicio del tan esperado juicio.