El caso sobre robo de pallets
Está en marcha investigación a policías por corrupción

La acusación partió del dueño de una empresa de venta de pallets a quien le pedían 10 mil pesos para no armarle una causa por robo * Quedó en la ruina porque no le pagó una coima a policías * Fue preso dos veces, y estuvo procesado durante tres años al igual que cuatro de sus empleados * Pero la Justicia los absolvió y mandó a investigar a los uniformados * Una Fiscalía de La Matanza ya está indagando *

Carlos Leiva, dueño de una empresa de reparación y venta de pallets de San Justo que llevaba su nombre, y sus empleados Ángel López, Jorge Aquino, David Vallejos y Roberto Gelabert, fueron absueltos en 2006 por un tribunal oral de La Matanza después de estar tres años acusados de hurto, al encontrarlos inocentes y que no había pruebas para mantener la imputación. Esa resolución del caso ahora dio lugar a la investigación de los policías y los fiscales que intervinieron en el proceso.
La empresa familiar de Leiva estaba dedicada a la fabricación y reparación de pallets (tacos de madera que se usan para transportar mercadería). En julio de 2003, en uno de sus galpones de San Justo, policías de Investigaciones de la DDI de La Matanza entraron sin orden de allanamiento y acompañados del jefe de servicios técnicos del hipermercado Norte, le secuestraron la mercadería.
Los Leiva creyeron en ese momento que se trataba de un robo. Por lo que se ventiló en el juicio, los efectivos y el civil se habrían metido ilegalmente en su negocio, se apoderaron de más de mil pallets “y encima como no les quise pagar los 10.000 pesos que me pedían de coima, me inventaron una causa", denunció Carlos.
La sospecha originada tras el debate oral y público (publicado por NCO) fue la que los policías tenían como cómplices al personal de una firma de custodia satelital y del conocido hipermercado. Estos empleados denunciaron que les faltaban pallets y que eran los que estaban descargándose en la empresa de Leiva.
“Les mostré los remitos que coincidían con la carga, los papeles que indicaban que tenía todo en regla. Y lo único que me contestó un policía fue que con 5.000 (pesos) para él y otros 5.000 para la fiscalía arreglamos y nos olvidamos. Me negué y nos llevaron presos a todos”, contó Leiva.
Ese día de julio de 2005, el hombre conoció lo que era un calabozo. Y pasó ahí 26 horas, en compañía de varios travestis. “Me maltrataban psicológicamente. Me llamaban viejito pirata”, recordó.
Unos días más tarde, el 30 de julio, hubo otro allanamiento, en un depósito de Leiva. Esta vez, fue la comisaría 1ª y tampoco tenía una orden de allanamiento. Se llevaron 6.000 pallets (la mitad de los cuales tenían una publicidad donde figuraba nombre y teléfono de la firma) y junto con Leiva se llevaron detenido a un chofer de camión. Esa vez estuvieron casi 10 horas detenidos.
Por fin con el juicio, llevado a cabo en noviembre d4e 2006, tras ser interrogados con profundidad unos treinta testigos, no pudo ser acreditada la falta de pallets denunciada por la empresa Norte, además de quedar evidenciada el armado de esta causa donde se sospecha tuvieron participación personal de esa compañía, que debía salvar la gran desorganización en el control de sus pallets; policías que intervinieron en los operativos, y sumado a esto, la ausencia de una correcta investigación de lo sucedido. La fiscal María Belén Casal Gatto el juez de Garantías Rubén Ochipinti se encargaron de elevar el caso a juicio.
Por eso, a pedido del fiscal Guillermo Rafaniello y los abogados defensores (Daniel Borojovich, Horacio Casalla, Carlos Pousa y Eduardo Sbriz), el juez Horacio Héctor Giusso ordenó se extendiera copia de todo lo actuado en la audiencia de debate al Ministerio de Seguridad provincial, a la Fiscalía de Cámaras de La Matanza y a la Procuración, para que se impulse una futura investigación sobre los delitos que se hayan podido cometer a lo largo del proceso, tanto por parte de civiles, funcionarios policiales o judiciales.
Entre las personas sospechadas del falseamiento de la causa, están el teniente primero Alejandro Ferreira quien estuvo a cargo del primer procedimiento de secuestro de los pallets; también uno de los responsables de la empresa de seguimiento satelital. Además, en una de las jornadas del juicio, quedó detenido por falso testimonio uno de los dueños de la empresa de transportes, Carlos Sedrato, al no ser contundente en sus declaraciones.
A pesar de la feria, durante enero, Leiva fue convocado dos veces a la Fiscalía Correccional Nº 1 de La Matanza que inició una nueva investigación para cumplir con la sugerencia del tribunal de investigar a los policías.
Carlos, contento porque esta “pesadilla” terminó, aunque siente que le “arruinaron la vida” ya que terminó quebrado económicamente y moralmente; sin poder continuar con su negocio, actualmente es tornero, y sin poder deshacerse de “esta mancha y antecedente nefasto que me queda y no me lo quita nadie”, dijo.
Este caso dejó al descubierto otro capítulo oscuro en que la Policía y la Justicia de La Matanza se vieron involucradas en un “armado” de causas. “Hubo un enorme dispendio de tiempo en la resolución de este caso donde todo lo actuado en la investigación era nulo. No es la primera vez que sucede en La Matanza. Tantos hechos parecidos no parecen ser casualidad”, advirtió el juez Giusso cuando dio la absolución a los cinco imputados.