Comienzo del juicio por el caso Ramírez-Salas
El Tribunal 3 inició el debate denegando la prisión domiciliaria al principal imputado

El acusado de disparar a Salas deberá seguir encarcelado * Fue lo primero que los jueces resolvieron ayer al arrancar la audiencia * Los testigos iniciales describieron el caos en el que sucedieron los dos crímenes durante los saqueos de 2001 en Ciudad Evita * La madre de Damián Ramírez fue la primera en declarar y acusó a los sospechosos de haber sido los únicos que estaban armados cuando ocurrieron las tragedias, mientras que a uno de ellos solía verlo siempre armado por el barrio *

Por Soledad Saliola.-

Tras varias postergaciones, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de La Matanza dio inicio ayer al primer juicio por dos víctimas de los saqueos ocurridos en diciembre de 2001 en Ciudad Evita, aunque no fue un buen comienzo para uno de los imputados de darle muerte a Ariel Salas, Franco “El tano” Mazzi, quien pidió volver a tener prisión domiciliaria y le fue denegada por haber infringido ese régimen.
Mientras los familiares de las víctimas, nucleados en la asociación “Madres de La Matanza contra la impunidad”, festejaban el comienzo tan esperado por ellos del juicio dos veces pospuesto, la defensa del acusado Mazzi volvió a encontrarse con un revés en su estrategia, después de haber hecho retrasar el desarrollo del proceso cuando estaba a punto de iniciarse y presentó la recusación del Tribunal, que finalmente resultó rechazada por la Cámara de Apelaciones y Garantías.
Mazzi cumple prisión efectiva desde hace unos días en la Unidad penitenciaria 29 de Melchor Romero, luego de que se comprobara que violó la morigeración que cumplía en su domicilio de la localidad de Villa Madero. Y ayer, en la apertura del debate, su defensor, el polémico abogado Miguel Angel Pierri, solicitó que le restituyeran su anterior régimen, pero el Tribunal no hizo lugar al pedido.
Además, según informaron fuentes del caso, Mazzi había brindado una declaración al principio de la causa que lo comprometía y no le era conveniente para su defensa; entonces Pierri también requirió fuera sacado ese testimonio, argumentando que en ese entonces su cliente no había estado defendido y que no le habían comunicado las pruebas en su contra. Pero el Tribunal tampoco hizo lugar a la nulidad planteada por el letrado, al considerarla como improcedente porque la declaración había sido “oída respetándose todas las garantías constitucionales”.
Antes que se empezara con la recepción de la prueba, las partes demandante y defensoras coincidieron en desistir de los testimonios de identidad reservada, previstos para declarar de entre una totalidad de 35 testigos, así como también el fiscal de juicio, Sergio Antín, descartó la presencia de otros 3 testigos. Parece que la perspectiva sería quedarse con los declarantes más esenciales para acortar las jornadas de debate.
La primera en ser llamada a declarar fue Raquel Arrieta, madre de Damián Ramírez, que tenía 14 años cuando fue asesinado el 19 de diciembre de 2001. La mujer empezó su relato ante los jueces Jorge Fabián Van Staden, Diana Nora Volpicina y Liliana Logroño, diciendo que su hijo salió de su casa -en la calle Cristianía y Maciel- a ver los saqueos que se estaban produciendo en negocios de la vereda de enfrente y ella lo siguió, hasta que en un momento determinado advirtió a Damián tendido en la calle y con dos heridas.
Antes de suceder eso, contó, alcanzó a ver a los acusados Franco Mazzi, Bernardo Joulie y César Enrique Maguicha juntos apoyados sobre la cortina baja del supermercado Las Delicias, y los acompañaba otro muchacho de gorra blanca conocido del barrio, la mujer de Maguicha, su hijastro y el hijo de Mazzi. De a cuerdo recordó la mujer, a Mazzi lo vio portando “algo largo” que no sabía si era un palo o un arma y que Maguicha “siempre anduvo armado por el barrio”, a la vez que aseveró que “se escuchaban muchos estruendos, que eran disparos, suaves y fuertes” y que “la gente de alrededor no estaba armada, sino la masacre hubiera sido mayor”. También la testigo afirmó que cerca de los acusados había un grupo de al menos diez personas que le decían que dejara de tirar.
Ese mismo día y en el mismo sitio cayó muerto Ariel Salas, de 31 años, quien venía de trabajar, y al bajar del colectivo y cruzar la calle para dirigirse a su casa, le pegaron un escopetazo en la cara.
“Mataron porque tenían ganas nada más porque esos negocios jamás fueron saqueados”, se refirió Raquel a los comercios cuyos locales daba en alquiler Mazzi y que Joulie custodiaba.
El segundo testigo presentado fue el policía José María López, ahora capitán de la Dependencia del Mercado Central, que en aquel entonces era el segundo jefe de la comisaría de Altos de Laferrere.
El funcionario policial declaró que ese 19 de diciembre llegó acompañado de otros tres uniformados al lugar en cuestión por una denuncia de disparos, donde se encontraron con “el caos reinante, movimiento de mucha gente de un lado para otro, y mucha otra gente que estaba saqueando una carnicería y otro comercio”, narró.
Allí, siguió contando, sobre la vereda de Cristiana descubrieron dos vainas y dos cartuchos servidos de escopeta, los cuales incautaron. Además, a la pregunta de los jueces acerca de cuáles fueron las directivas para que actuara la Bonaerense en esa conflictiva situación, el capitán López respondió que las medidas de prevención dispuestas fueron las de “tratar de evitar que ocurrieran los saqueos", aunque se vieron “superados por la cantidad de personas saqueando”. A lo que agregó que frente a este desborde, la directiva fue de “tratar de pedir refuerzos”, cosa que no hizo según afirmó, o “tratar de controlar la situación para evitar un mal mayor”.
Además del acusado de la muerte del adolescente Ramírez y de instigar el asesinato de Salas, el comerciante Franco Mazzi (50) -que estuvo varios meses
prófugo-, está siendo ajusticiado Bernardo Joulie (55), ex uniformado de la Prefectura, como presunto responsable del fallecimiento de Salas, cuya defensa es ejercida por la abogada Isabel Cantera. En tanto, están procesados pero en libertad los comerciantes César Rafael Orellana (41) y César Enrique Maguicha (45), que está representado por el defensor oficial Eduardo Sbriz, de la Defensoría Nº 1 de La Matanza.
Al momento de la tragedia, según habrían declarado estos imputados, estaban cuidando los locales y dispararon “en defensa propia”. Fue debido al estado de conmoción por esos días y las características en que transcurrieron los hechos por lo cual el juez de garantías Rubén Norberto Ochipinti les dictó a Mazzi y a Joulie una prisión preventiva morigerada a ser cumplida en sus domicilios y con monitoreo electrónico hasta que se sustancie el juicio oral. Mazzi no la respetó y por eso ayer el Tribunal que lo juzga decidió confirmarle la prisión efectiva en la cárcel.