Ahora se espera el veredicto
La Fiscalía pidió la condena a prisión para los acusados de matar a Ramírez y Salas

Para el agente fiscal, quedó “probado más que suficiente” los lineamientos de la acusación sostenida desde el inicio de la causa * Solicitó al Tribunal que se le aplique la pena de 23 años de cárcel a un conocido empresario de la zona y de 5 años para el vigilador privado de varios locales de su propiedad y para otro comerciante imputado * Llega a su fin el proceso por el asesinato de dos de las más de 30 muertes registradas durante las revueltas sociales que derivaron en la caída de De la Rúa *

Por Soledad Saliola.-

El fiscal del juicio por los dos crímenes durante los saqueos ocurridos en diciembre de 2001 en Ciudad Evita, pidió al Tribunal en lo Criminal 3 de La Matanza dicten sentencia a prisión de los acusados en esta causa -Luis Mazzi, Bernardo Joulie y César Enrique Maguicha- al considerar que “está acreditado la prueba del delito”.

De a cuerdo a la valoración que hizo el fiscal Sergio Antín de los testimonios que describieron la sucesión de los hechos en medio del caos generalizado por los disturbios de los saqueos en el barrio 22 de Enero; el secuestro de vainas y cartuchos de armas que coinciden con las usadas por los acusados; las pericias balísticas y autopsias, es que determinó que estos imputados fueron identificados como los que en ese nefasto 19 de diciembre de 2001 estaban armados y dispararon contra la gente en la calle, provocando la muerte de Ariel Salas y del adolescente Damián Ramírez, además de lesiones en otras dos personas.

El que recibió la peor parte fue el empresario Luis Mazzi, apodado “El tano” y también conocido como “Franco”, para quien el fiscal pidió 23 años de prisión porque “con dolo de matar efectuó con al menos dos armas disparos contra Ariel Salas, Ojeda y contra otras dos personas provocándole lesiones”, especificó.

En tanto, la parte demandante, representada por los abogados Alejandro Bois y Paula Betina Squassi, solicitaron que a Mazzi se le aplicara la máxima pena estipulada para ese tipo legal, que es de 25 años.

Respecto de la responsabilidad del ex prefecto Bernardo Joulie, el fiscal Antín manifestó en su alegato que este acusado no negó su presencia en el lugar de la tragedia, así como también reconoció haber estado cumpliendo con su actividad como custodio de una serie de negocios de la esquina Maciel y Cristianía, por lo que en ese momento, según sus dichos, se mantenía en “estado policial”.

“Hizo ostentación y una desmedida utilización de las armas. Por su formación en el Ejército sabía lo que tenía, sabía usarla y lo hizo contra la propia gente”, afirmó el fiscal, ante lo cual pidió que se lo condene a 5 años y 6 meses de prisión por el “homicidio en agresiones” de la víctima Ramírez y las “lesiones en agresiones” sufridas por un hombre. La condena pedida por los patrocinadores de los familiares de las víctimas fue en cambio de 8 años de prisión.

En cuanto al tercer acusado, el comerciante Enrique Maguicha; según alegó la Fiscalía, quedó acreditado que fue visto armado en la puerta de su negocio en actitud desafiante ante la gente, siendo que ya había guardado su mercadería y cerrado la persiana del local, además de haber efectuado disparos contra la gente hasta ese momento pasiva, produciendo la muerte de Ramírez, y las lesiones que dejaron imposibilitados a otras dos personas de trabajar por varios meses. Entonces, Antín, solicitó se lo sentenciara a 5 años de prisión.

Además, la Fiscalía descartó la posibilidad de que los sospechosos hayan actuado en legítima defensa, habiendo sido probado que las víctimas Salas y Ramírez tuvieron una actitud pasiva para con sus victimarios. No presentó eximentes; como atenuantes de la pena, mencionó la ausencia de antecedentes penales de los tres imputados, y consideró como agravantes la “desproporcionada reacción, el desprecio por la vida, la cantidad de disparos efectuados y la peligrosidad y ostentación grosera y visible de sus armas”.

Por otra parte, reclamó al Tribunal que se extrajeran las declaraciones hechas en el debate de dos testigos, para una futura investigación, ya que en ellos percibió la comisión del delito de “falso testimonio”.

Previsor y atento a otros precedentes de fuga en la administración de justicia de La Matanza, el fiscal Antín reclamó la “inmediata detención” de los acusados Joulie y Maguicha, ante la presunción de una posible condena. En el caso de Mazzi, no existe ese riesgo ya que permanece en la unidad carcelaria de Melchor Romero desde unos días antes del inicio del juicio a causa de haber violado su anterior régimen de prisión domiciliaria.

Al turno del alegato de la parte acusadora, coincidió con el ministerio público fiscal en resumir que los acusados “demostraron desprecio por la vida al disparar contra la gente” y que “había otros medios para dispersarla y disuadirlos de saquear”.

Tras una semana de debate, y la audiencia de alegatos de ayer, ahora tan sólo queda aguardar la decisión final de los jueces para dar cierre a una de las páginas negras del fatal hito que quedó en la historia nacional.