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Polémica por los adolescentes alojados en comisarías 
La Corte convocó para hoy a los jueces de Menores

El alto tribunal bonaerense no puede condicionar a los magistrados; se intentará discutir nuevas formas de actuación * Los instructores ya tienen la denuncia del gobierno, que acusa a 12 jueces de menores *  

            Tras el escándalo desatado por los menores alojados en comisarías, el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De Lázzari, convocó de urgencia a todos los jueces de Menores (entre ellos Rodolfo Brizuela del Juzgado 3 de La Matanza) y asesores de incapaces de la provincia para abordar hoy la crítica situación.
        En tanto, un cuerpo de instructores de la propia Corte ya tiene en sus manos la investigación originada por la denuncia del ministro de Desarrollo Humano provincial, Juan Pablo Cafiero, contra los responsables de 12 tribunales de menores que, según el funcionario, vulneraron la Constitución otras normas nacionales e internacionales al permitir la detención de chicos en dependencias policiales.
        Si bien la Corte no tiene facultades de superintendencia para condicionar las decisiones de los jueces, se intentará, al menos, discutir las posibles formas de actuar, según indicaron fuentes del alto tribunal.
        La procuradora general del alto tribunal bonaerense, María del Carmen Falbo -que también asistirá el lunes a la reunión convocada por De Lazzari- giró ayer a la Corte la presentación de Cafiero contra los titulares de los juzgados N° 1 de La Plata, Julio Bardi; 1 y 2 de Quilmes, Juan Carlos Cairo y Pedro Entío; 4 de Morón, Cecilia Drago; 1 y 2 de Mar del Plata, Silvina Darmandaril y Néstor Salas; 3 de La Matanza, Rodolfo Brizuela; 1, 2, 4 y 5 de Lomas de Zamora, Raúl Donadio, Jorge Venzano -a cargo de Donadío-, Isabel Acion y Marta Pascual, y 1 de Mercedes, Marcelo Giacoia.
        "Desde hace tiempo sostengo que hay muchos chicos alojados en comisarías y el Estado no nos da recursos para alojarlos. Cuando pedimos que se nos habiliten recursos, nos dicen que no hay vacantes", explicó el juez de Menores de La Matanza Rodolfo Brizuela.
         El magistrado, que es uno de los jueces denunciados por violaciones a la Constitución por el ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Juan Pablo Cafiero, consideró que el Poder Ejecutivo puede querer buscar en ellos a los responsables, aunque "la realidad es que los recursos no están".
         "Esto surge de una resolución del Ministerio de Seguridad que dice que no puede haber chicos en las comisarías, tal como manda la Convención de los Derechos del Niño. Vamos a cumplirla, pero que nos den los recursos para alojarlos, ya que dicen que no hay y entonces la responsabilidad recae en los jueces", añadió Brizuela.
         El juez consideró que hay situaciones concretas que desencadenaron la polémica y pusieron a la luz el conflicto, como lo ocurrido en una seccional de Quilmes, donde murieron tres menores allí detenidos a raíz de un incendio, aunque sus familiares denunciaron que habían sido sometidos a apremios.
         "Ahora se comienza a ver quién es responsable de todo esto y parece que el poder administrador se cree que somos los jueces (...) pero denme un recurso para ubicar a los menores", manifestó Brizuela.
         Ayer se conoció un comunicado con la firma de cinco jueces de menores de Lomas de Zamora. "Si no construyen institutos, es hipócrita la actitud de denunciar que (los menores) están en comisarías", dice el texto firmado por Ación, Donadío, Pascual -tres de los denunciados por Cafiero-, Nora Guendler y Miriam Buzzo.
         Agregaron acerca de Cafiero: "Confunde, o quiere confundir, inimputabilidad con impunidad, ésta es una disputa interna del Gabinete provincial: los jueces no construimos institutos ni pedimos que se aloje menores en comisarías". Además, los magistrados denunciaron que, tras la decisión de Arslanián, "la policía prácticamente no detiene a menores, al margen del delito que cometan".
         "De hecho, en algunos departamentos judiciales están dejando en libertad a todos los menores, al margen del delito que hayan cometido", aseveraron. En tanto, las juezas de menores platenses Inés Siro y Gloria Gardella también defendieron el trabajo de los tribunales de menores. Siro, aseguró: "Antes de acusar, el ministro debería constituirse en un tribunal para ver la realidad. No debería salir a los medios a acusar a tantos magistrados que trabajamos con muchos dolor ante una realidad social que vemos que pasan los años y no cambia".
          Uno de los casos detallados por Cafiero en su presentación corresponde a una causa tramitada en el Tribunal de Menores N° 1 en la que se dispuso la internación "en una institución cerrada" de un chico de 15 años víctima de un abuso sexual.
          Otro de los expedientes, del Tribunal N° 1 de Lomas de Zamora, corresponde a un menor de 15 años por "tentativa de homicidio" detenido desde el 5 de abril último. Otra causa seguida por el Tribunal N° 4 de Morón, da cuenta de que un menor de 16 años acusado de homicidio se encontraba detenido e "incomunicado" desde el 28 de octubre último.
          A toda esta situación se sumó la denuncia formalizada por el diputado bonaerense del ARI Horacio Piemonte contra las autoridades provinciales. El legislador dijo en el programa radial Recta Final (AM 1050) que la demanda es "por incumplimiento de deberes de funcionario público", por permitir el alojamiento de menores en comisarías, situación violatoria de los derechos del niño.
         El conflicto se desató hace una semana cuando el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian prohibió el alojamiento de menores en comisarías luego de que el 20 de octubre último, tres menores, detenidos en la comisaría 1ra. de Quilmes, murieron calcinados durante una supuesta revuelta. El martes pasado, la Corte provincial exigió al Poder Ejecutivo provincial la habilitación inmediata de lugares adecuados para los menores.
         En el sistema tutelar de menores bonaerense, hay unos 12.000 menores, de los cuales sólo el 15 por ciento tiene causas penales; es decir, está acusado por cometer delitos. Las cifras oficiales también hablan de 3200 fugas de institutos en 2003.
         La subsecretaria de Minoridad, Cristina Tabolaro, reconoció las falencias del sistema, aunque consideró que "la situación tiende a normalizarse". Tabolaro cuenta con un presupuesto de 88 millones de pesos anuales el 85 por ciento corresponde a sueldos y de ella dependen 26 institutos penales, 32 asistenciales, 240 hogares convivenciales, 58 pequeños hogares y 44 centros de día.