INFORMACIÓN GENERAL 

Ocupará el cargo por cuatro años
Pusieron en funciones a Caprino al frente de la Defensoría del Pueblo

Dio juramento ayer en el Concejo Deliberante * “Vamos a tratar que esta institución sea lo prestigiosa que es en otras partes del país y del mundo”, dijo * 

La radical Silvia Caprino asumió ayer el cargo de Defensora del Pueblo de La Matanza en una jura que tuvo lugar antes de una sesión del Concejo Deliberante presenciada por el jefe comunal Alberto Balestrini.
          Estuvieron también presentes en el acto de asunción de la primera ombudsman del distrito, además de diferentes defensores de distritos bonaerenses, la directora honoraria del Plan Más Vida en La Matanza, María Carmen Cardo de Balestrini; el secretario  de Economía y Hacienda, Vicente Nigro, y el vicario general del obispado de San Justo, Raúl Cuevas entre otras autoridades.
          El presidente del HCD, Fernando Espinoza, quien encabezó la sesión junto al secretario del cuerpo legislativo Juan Carlos Haljan y el prosecretario Néstor García,  manifestó que “La Matanza atraviesa una nueva etapa institucional y este es un gran paso en la vida democrática del partido”.
          Tras prestar juramento, Caprino expresó que “desde la institución vamos a acercarnos al pueblo con la impronta personal de la humildad, el respeto y el compromiso con la gente”, y sostuvo que “en este camino se va a tener que construir mucha ciudadanía, y mucho espacio para que la gente comprenda cual es el lugar de diálogo, de la mediación para evitar el conflicto social”.
            “Tenemos un gran respecto  por los ciudadanos de La Matanza que tanto sufren todos lo días por problemas graves que se tienen en función de un distrito que está creciendo y con dificultades para sobrellevar la carga que históricamente ha tenido” manifestó Caprino.
            Además, la defensora manifestó que “seguramente existirá un diálogo profundo con las instituciones no gubernamentales del distrito y también un permanente contacto con el Ejecutivo municipal  y el Concejo Deliberante para transmitirle los malestares que la sociedad haga conocer a la defensoría”.
            “De esta manera -continuó Caprino- vamos a tratar que esta institución sea lo prestigiosa que es en otras partes del país y del mundo”.
            Durante su discurso la ex concejal de la UCR dijo que “las veces que ocupe cargos me tocó el lugar de hablar pero esta vez me toca el lugar escuchar, y esto quiero hacerlo con toda la responsabilidad y los oídos bien atentos para poder mejorar la vida de los ciudadanos matanceros”
Por último Silvia Caprino manifestó su agradecimiento “a todos los vecinos que han confiado en el proyecto y pusieron su firma para proponerme” al tiempo que reconoció a los concejales que “en todo momento han llevado adelante con respeto el proceso de elección del defensor”. 

El resarcimiento alcanza los 700 mil pesos
El Estado debe indemnizar a víctima de un tiroteo

El fallo fue emitido por la Cámara en lo Civil y Comercial de San Isidro * La balacera había sido protagonizada por policías y delincuentes * La víctima sufrió daños irreversibles en su salud que le impiden trabajar y movilizarse por sus propios medios * La indemnización final fue sustancialmente incrementada con respecto a lo sentenciado en primera instancia *   

La Cámara en lo Civil y Comercial de San Isidro ordenó al Estado bonaerense resarcir con una suma cercana a los 700 mil pesos a un hombre que, al ser víctima en un tiroteo, sufrió daños irreversibles en su salud que le impiden trabajar y movilizarse por sus propios medios.
         El fallo del tribunal –integrado por los jueces Roland Arazi y Carmen Cabrera de Carranza, pertenecientes a la Sala I de la Cámara Primera–, terminó incrementando sustancialmente las indemnizaciones resueltas en primera instancia, fijando una de ellas en 350 mil pesos, por incapacidad sobreviniente, y otra equivalente, por daño moral, en la causa caratulada “M.D. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”.
         También fijó una suma para cada una de las hijas de 4.500 pesos, por daño moral aunque reduciendo las que habían sido dispuestas en primera instancia.
         La condena hacia el Estado provincial se fijó aún cuando no se pudo probar si la bala que hirió al demandante –identificado como D.M.– provino de un arma policial o de los propios delincuentes.
         En este sentido, la Cámara señaló que “en este caso, no es estrictamente el acto del disparo –cuya autoría no puede acreditarse–, sino el hecho en sí de la intervención policial para desbaratar el delito lo que ha provocado el daño”.
         “No puede dejar de considerarse que, de haber permanecido impasible la fuerza policial ante la comisión del robo y la huída de los ladrones, es evidente que M. no habría resultado dañado”, según lo afirmado en el fallo.
          En la sentencia se agregó: “En ese supuesto, el accionar policial hubiera sido ilegítimo y reprochable por la sociedad –en tanto habría obviado ejercer funciones que le son propias en defensa de la comunidad–, pero no existiría una víctima inocente a quien resarcir”.
          Los magistrados indicaron además que “la comunidad exige un accionar policial activo y eficaz, que resulta imprescindible para mantener parámetros aceptables de seguridad”, finalizando en que: “Pero cuando en razón de ese accionar un miembro de esa misma comunidad resulta dañado en su integridad física, es también la comunidad toda la que está interesada en que el daño sea resarcido y la obligación debe pesar sobre el mismo Estado, que es quien ejerce legítimamente la fuerza en beneficio de todos”.

Disconformidad de estatales con Solá

            
             El no acuerdo entre funcionarios del gobierno provincial y los sindicalistas sobre un aumento salarial para los empleados públicos bonaerenses, y los dichos del mandatario Felipe Solá respecto de que la recomposición alcanzará sólo a algunas categorías, provocó el enojo de los gremialistas, algunos de los cuales dijeron estar “decepcionados”.
             El titular de ATE provincia, Hugo Godoy, dijo estar decepcionado con los dichos de Solá, porque dice que el beneficio alcanzará sólo a algunos que defina el gobierno, con lo cual “no sabemos realmente a dónde quiere ir”.
             Godoy dijo además que no sólo la cuestión salarial no se resolvió, sino que “también quedó pendiente de resolución la cuestión del pase a planta de los trabajadores precarizados”.
             En este sentido, el secretario de Organización de ATE, Julio Ortellado, dijo que “hay 20.000 trabajadores en negro en todo el estado provincial, hasta el momento sólo se blanqueó a 1.000 y en diciembre vence el plazo, según lo admitió el propio gobernador”.
             Por esto, fue contundente al evaluar que el resultado “no fue bueno, porque tras la convocatoria había expectativas y nos fuimos con las manos vacías”.
             Por otra parte, otros dirigentes gremiales se mostraron moderados y  ven con buenos ojos que el gobierno fije prioridades de recomposición, ya que, según admitieron, los últimos aumentos sólo alcanzaron a empleados de planta permanente, contratados y docentes, pero no a los trabajadores contratados bajo otros regímenes, como las horas cátedra como único sueldo y otras remuneraciones por servicios.