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Continúa el juicio por asesinato en González Catán Contradicciones entre testigos y policías pronostican un largo proceso judicial
Hoy se llevará
a cabo la sexta audiencia de un caso que tendrá varias semanas de desarrollo
* Se pidió un careo por declaraciones contradictorias y todavía hay
numerosos testimonios * El juicio por el comerciante acribillado de González
Catán en un intento de robo, comenzó la semana última * Dos jóvenes acusados
esperan la sentencia que no está prevista en menos de veinte días *
Por Soledad Saliola
El caso por el asesinato del propietario de un mini-mercado de González Catán ocurrido hace casi cinco años, que se perfilaba de sencilla resolución cuando ingresó a juicio la semana pasada, adquirió complejidad en las últimas audiencias debido a las diversas declaraciones contradictorias, vertidas por los testigos de identidad reservada y el personal policial interviniente.
Si bien se conocía en esta causa la existencia de alrededor de 90 posibles testigos a declarar, hasta hace unos días parecía que ese no era un determinante para su pronto esclarecimiento. Pero ayer, con el testimonio de dos oficiales de la bonaerense que entraron en contradicción con lo dicho por los dos testigos reservados, el panorama cambió. Además de tomar declaración a los muchos testigos disponibles, se tendrá que resolver esas incongruencias, por lo que el juicio será dilatado al menos un par de semanas. El primero en declarar, el oficial inspector Fernando Lencina, quien en ese momento era jefe de calle en la Comisaría 5ª de González Catán, dijo al Tribunal que encomendó la investigación del hecho y recolección de pruebas a los policías Yanini y Veloso, mientras que él mismo se encargó luego de llevar en su auto particular a dos personas a atestiguar a la Fiscalía porque no querían hacerlo en ese destacamento policial. Lencina mencionó también que ese era un lugar complicado para trabajar por los robos que se suceden y porque “los delincuentes son de la zona y la gente los conoce”. El sargento primero Daniel Veloso fue el otro uniformado en ser indagado. Por su parte, relató que no intervino en la diligencia del traslado de los testigos, y aunque negó que cumpliera servicios adicionales en aquel tiempo, reconoció que “tenía confianza” con el dueño de otro mercado cercano (de donde se consiguieron los testigos) por pasar asiduamente por el lugar ya que ese comerciante fue víctima de varios hechos delictivos. En ambas declaraciones se encontraron, según la consideración de la Fiscalía y la defensa, claras contradicciones respecto de lo manifestado por los testigos con identidad preservada, por lo cual solicitaron llevarse a cabo un careo entre estos testigos y los policías. Esta confrontación entre las distintas versiones, que se pretendió realizar ayer, debió ser pospuesta para hoy porque no pudieron ser notificados los testigos del requerimiento de sus presencias en el juicio. Entre las incongruencias descubiertas que se dieron a conocer ayer en el juicio oral y público (las declaraciones de los testigos resguardados no se rebelaron por razón lógica), se hizo hincapié en que Veloso aseguró no cumplir adicionales cuando uno de los testigos lo afirmó. También, se resaltó la confianza que dijo Veloso tener con el dueño del supermercado de donde se levantaron las pruebas testimoniales y, a la vez, señaló que no sabía cómo se enteró de la existencia de los testigos. Además, uno de los testigos reservados había manifestado que Lencina y Veloso “me hicieron hablar”, no quedando así claro el modo en que se efectúa la diligencia del traslado de los testimonios a la Fiscalía. Por el momento, los únicos imputados son: Gonzalo Alfredo Salerno (23), del delito de “homicidio criminis causa, robo calificado por el uso de armas en grado de tentativo y lesiones leves”; y José Gustavo Perpetto (26) por el mismo crimen, además del delito de “portación ilegal de arma de fuego de uso civil”. En la jornada de hoy tienen previsto, además de lograr el careo, que el debate continúe con la declaración de otros dos testigos presentados por la Fiscalía y el comienzo de presentación de unos 18 testigos de la defensa.
Apuntó al empresario Chabán El abogado de Callejeros negó la responsabilidad de la banda
Según el defensor de los músicos, la forma habitual de contratación que hay en los recitales de rock indica que el empresario es quien estará al frente de la seguridad *
El abogado de la banda Callejeros, Aldo Blardone, sostuvo que el grupo de Villa Celina no estaba a cargo de la seguridad de República de Cromañón, ya que no era "la forma de contratación" habitual en los espectáculos de rock. "Una banda, si tiene trayectoria, se le acerca el propietario de algún lugar y le sugiere hacer lo que se llama una fecha. En base a esa fecha, se comienzan a negociar las condiciones de trabajo de esa banda. Por ejemplo, en el caso de Callejeros, se piden ciertos requisitos, como la iluminación", detalló Blardone. Al respecto, aseguró que "en general, estos contratos son no escritos" ya que "es muy informal el medio". A su vez, apuntó al empresario Omar Chabán, al sostener que "no tenía el local en condiciones para dar el recital, y no lo tenía desde hacía muchísimos meses". El abogado también respondió a las críticas por la actuación supuestamente pasiva de la banda, ante el lanzamiento de bengalas, que finalmente desataron la tragedia. "Es muy fácil declamar con el diario de mañana, pero se hace muy difícil para una banda asumir una responsabilidad directa, en este tema", sostuvo. Incluso denunció que "cuando la banda adolescente Erre Way tocó en el Gran Rex, había gente con bengalas". Además, sostuvo que "el cantante de Callejeros (Patricio Santos Fontanet) tiene deficiencias respiratorias y por tanto le molestaba el humo" por lo que no habría alentado el uso de bengalas.
Marcha en La Matanza
En tanto, familiares de las víctimas de Cromañón que residían en Tapiales, Villa Madero y Villa Celina marcharon el domingo por las calles de esas localidades de La Matanza en reclamo de justicia. La marcha partió pasadas las 18 desde la plaza de Tapiales, con consignas contra el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el empresario Omar Chabán. Con carteles reclamando "renuncia y cárcel para Ibarra" y "cárcel para Chabán y los funcionarios coimeros", los familiares pidieron también que se deje de "responsabilizar a la banda" Callejeros por la tragedia. "Nuestro silencio no se compra por decreto y nuestra bronca no se plebiscita" fueron los otros dos ejes de la marcha. De la marcha, también participó Mariana Márquez -madre de Liz- manifestando su apoyo a ese pedido.
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El
hecho, que se encuentra en pleno tratamiento judicial en el Tribunal
Criminal N° 1 de La Matanza, transcurrió el 21 de julio de 2002 en el
mini-mercado “Dani-Mar”, de la calle Jorge Newbery 5999 en la localidad de
González Catán, donde dos jóvenes ingresaron armados con la intención de
asaltar el local y al ver frustrado el ilícito se dieron a la fuga, tras
provocar una balacera que dejó herido de muerte al dueño del comercio, Jorge
Campo, y a su hijo Daniel Campo con un disparo en la pierna.