Fue un reclamo de la Asociación Judicial Bonaerense 

Más de 500 empleados judiciales fueron incorporados por ley a planta permanente

Fue hace una semana cuando los diputados bonaerenses terminaron por aprobar el proyecto impulsado desde la AJB * Constituye un significativo logro gremial, pero todavía está en discusión su instrumentación, demorada por la interna justicialista en la Provincia *
 

Por Soledad Saliola 

            El proyecto de ley para que más de 500 empleados contratados de la Justicia sean titularizados, obtuvo la semana pasada la media sanción de la Cámara de Diputados provincial; como un logro considerado importante para la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) en su lucha contra la precarización laboral en el sector.  

            La norma, que ya tenía la sanción favorable del Senado, fue uno de los principales reclamos de la AJB impulsado desde el año pasado, redactado por este gremio y contaba con el acuerdo del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte y Economía.

En la sesión legislativa del miércoles último, la Cámara de Diputados otorgó la otra media sanción que requería la ley para efectivizar a alrededor de 500 trabajadores contratados (con funciones en administración, tareas de limpieza y diversos profesionales) entre los cuales 70 son del partido de La Matanza, y el resto, mayoritariamente de La Plata. El año pasado se nombraron a mil practicantes del ámbito judicial, y a partir de este año no van a estar más cuando sean nombrados los 300 que quedan.

La total aprobación de la ley es producto de la pugna que desde hace largo tiempo sostiene el gremio para que “no haya más practicantes gratis ni más contratados y que todos ingresen efectivos”, dijo el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, zonal La Matanza, Gustavo Peters.

Según manifestó en su momento el personal contratado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari: “Nuestro gremio reclamó en todo momento que a los contratados se les reconociera el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo, ya que quien presta servicios en el Poder Judicial en tareas permanentes del mismo y sujeto a las indicaciones de sus autoridades, es un trabajador que debe gozar de todos los derechos constitucionales, legales y reglamentarios, conforme al principio de ‘primacía de la realidad’ (artículo 39 inciso 3 de la Constitución Provincial), entre otras normas de la misma jerarquía”.

Si bien este logro gremial es apreciado como relevante desde el punto de vista político, señaló Peters, la instrumentación de la regularización de la situación del personal temporario se encuentra demorada ya que aún no está aprobado el presupuesto del 2005 debido al conflicto existente entre “Felipistas” y “Duhaldistas”.

Esa interna del Partido Justicialista de la Provincia, produjo en principio que el tratamiento del proyecto de ley fuera postergado a fines de 2004 para febrero del corriente año, dado que la oposición interna que responde al “Duhaldismo” no quiso “convalidar tal cual vienen los proyectos del Poder Ejecutivo”, justificaron los diputados Mércuri y Cottini. Y ahora, se ve retrasada su aplicación mientras cientos de trabajadores esperan conseguir finalmente su estabilidad laboral.

Próxima meta: El Convenio Colectivo

            Conseguir el Convenio Colectivo de Trabajo, es otro de los objetivos propuestos por la Asociación Judicial Bonaerense para el mejoramiento de las condiciones de empleo en ese ámbito, que requerirá fundamentalmente de la aceptación del Poder Judicial.  

            Los judiciales proponen tener dos convenios, uno con el Ejecutivo y otro con el empleador, es decir la Corte, en lo que se refiera a las condiciones de trabajo. En tanto, la parte de paritarias, serán discutidas con el Ejecutivo porque es quien paga a través de Economía.

El Ejecutivo ya ha dado su conformidad, pero la corte no quiere ceder. Por eso, desde la Asociación están impulsando conversaciones con el Gobierno para llegar a un resultado. 

            Para la segunda reunión que queda por confirmar, el sector cuenta con el compromiso de los Ministerios de Trabajo y Justicia para que el Poder Judicial se siente a la mesa de negociación.  

“La Constitución Nacional y de la Provincia dicen que los trabajadores del Estado tienen derecho a tener convenios colectivos. La corte, que tiene que velar su cumplimiento a rajatabla, se opone”, lanzó el secretario gremial de La Matanza Gustavo Peters.

Concretar estos convenios significaría acordar, entre otras cosas, las condiciones de trabajo: “Acordaríamos por ejemplo no trabajar en lugares como los juzgados de Gregorio de Laferrere. Se tendría en cuenta la luz, los espacios físicos, el agua, seguridad, custodia, fumigaciones y revisaciones medicas anuales”, explicó el gremialista.

            “Estamos esperanzados en los convenios colectivos porque una vez firmados la Corte va a tener que cumplir con todo esto”, finalizó.

            La recomposición salarial, es un aspecto más que desde ese sindicato intentarán tratar en charlas con el ministro de Trabajo Roberto Moujerón, así como también llegar a un unificar el reclamo con otros sindicatos. El aumento planteado es de un 10 por ciento a secretarios y cargos superiores, y para los puestos más bajos sería de un 14 por ciento.   

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Los judiciales vamos a tener dos convenios colectivos de trabajo, con el Ejecutivo y con el empleador es decir la Corte por la parte de condiciones de trabajo. 

La parte de paritarias la vamos a tener que discutir con el Ejecutivo porque es el que paga a través de Economía.

Pero la corte no quiere tener convenio colectivo.

La constitución dice que los trabajadores del estado tienen derecho a tener convenios colectivos. La corte que tiene que velar por que se cumpla a rajatabla se opone. 

Condiciones de trabajo, acordaríamos por ejemplo no trabajar en lugares como Laferrere. Se tendría en cuenta la luz, los espacios físicos, el agua, seguridad, custodia, fumigaciones, revisaciones medicas anuales.  

Estamos esperanzados en los convenios colectivos porque una vez firmados la Corte va a tener que cumplir con todo esto.

Van a tener reuniones con otros sindicatos 

También el compromiso que a partir del mes de febrero de 2005 se constituirá un ámbito en los Ministerios de Trabajo y Justicia para comenzar a elaborar un convenio Colectivo para el sector Judicial, aceptándose también la discusión en esa mesa, la recuperación del sistema de porcentualidad salarial. 

Este año queda así cerrado. Continuaremos las gestiones durante el mes de enero y desde los primeros días de Febrero nos encontraremos con el conjunto de los compañeros judiciales y con la fuerza de la unidad reiniciaremos las luchas y las movilizaciones que sean necesarias para concretar la plena incorporación de los compañeros contratados y la recuperación del sistema de porcentualidad salarial.

Contratados

Carta al Presidente de la Corte

Presidente de la Suprema Corte

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Dr. Eduardo De Lázzari

Tenemos el agrado de dirigirnos al señor Presidente ante la inquietud creada en el sector del personal contratado próximo a obtener el reconocimiento de su estabilidad como agentes judiciales, conforme al proyecto de ley en trámite ante la Legislatura.

El malestar ha sido suscitado por las actitudes de algunos magistrados o funcionarios que han anunciado a personal amparado por contrato vigente, que no propiciaron ante la Suprema Corte la renovación de esa relación laboral, sin dar razón ni oportunidad de defender su derecho al perjudicado.

Tal proceder vulnera claramente los objetivos de la posición asumida por la Suprema Corte y el gobierno provincial de proceder a regularizar la situación de los actuales contratados incorporándolos a la planta permanente del Poder Judicial, luego de una larga permanencia en una situación injustamente controversial respecto de su derecho a la estabilidad en el empleo.

Nuestro gremio reclamó en todo momento que a los contratados se les reconociera ese derecho constitucional, ya que quien presta servicios en el Poder Judicial en tareas permanentes del mismo y sujeto a las indicaciones de sus autoridades es un trabajador que debe gozar de todos los derechos constitucionales, legales y reglamentarios, conforme al principio constitucional de "primacía de la realidad" (art. 39 inc.3, de la Constitución. Provincial.), entre otras normas de la misma jerarquía.

Consideramos que la situación que hacemos conocer, amerita que desde la Suprema Corte, en la forma que se considere adecuada, pero de modo urgente, ya que se dan muchos casos en los que el contrato vence en pocos días, se adopte una resolución que prorrogue, hasta tanto se sancione la ley en expectativa, todos los contratos con vencimiento hasta que rija dicha ley, como también los que hubieren vencido y estuvieren pendientes de renovación y los que se hubiere desechado renovar por la opinión adversa de los magistrados competentes, pero sin las garantías del debido proceso adjetivo para con los contratados.

Saludamos al Sr. Presidente atentamente.

Trabajadores contratados del Poder Judicial.