Derechos Humanos

El juez federal Sergio Torres rechazó las oposiciones de la defensa del ex marino, declaró "clausurada la instrucción", y elevó los expedientes. Es por los casos del escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.

El juez federal Sergio Torres elevó hoy a juicio oral y público al represor Ricardo Miguel Cavallo por los secuestros del escritor y periodista Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.

En sendas resoluciones de 43 y 110 carillas, respectivamente, el magistrado rechazó las oposiciones de la defensa del ex marino y declaró "clausurada la instrucción" elevando los expedientes al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).

El TOF5 tiene previsto comenzar, en los primeros días del mes de octubre próximo el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

Derechos Humanos

El Tribunal de San Martín inició el debate por el secuestro y asesinato del militante de 15 años Floreal Avellaneda. Los acusados son dos generales y otros cuatro represores. Deberán responder por los cargos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

El primero de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la guarnición de Campo de Mayo durante la dictadura se inició hoy lunes cuando en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín arranque el debate por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, un militante adolescente de sólo 15 años.

Por este hecho, ocurrido hace 33 años, están acusados dos generales que ejercieron la máxima autoridad en la mayor unidad militar del país, junto a otros cuatro represores imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

Se trata del entonces jefe del Comando de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, y su jefe de inteligencia, general Fernando Ezequiel Verplaetsen.

En vísperas del juicio la justicia les revocó la detención domiciliaria y los remitió a un penal federal junto al director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, Osvaldo García.

También están procesados sus subordinados César Fragni y Raúl Harsich, y el principal Alberto Aneto, de la comisaría de Villa Martelli, lugares todos donde el pibe fue llevado junto con su made Iris Pereyra.

El "Negrito" Avellaneda y su mamá fueron secuestrados por un grupo de tareas del ejército el 15 de abril de 1976 de su domicilio de Munro y torturados en la comisaría para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial y afiliado comunista de igual nombre.

La madre fue blanqueada días después al ser puesta a disposición del Poder Ejecutivo por dos años, pero el cadáver del chico apareció el 14 de mayo flotando en la costa de Uruguay junto a otros siete cuerpos, con signos de salvajes torturas que incluyó el empalamiento.

El Tribunal de San Martín comenzará hoy el debate por el secuestro y asesinato del militante de 15 años Floreal Avellaneda. Los acusados son dos generales y otros cuatro represores. Deberán responder por los cargos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

El primero de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la guarnición de Campo de Mayo durante la dictadura se iniciará hoy lunes cuando en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín arranque el debate por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, un militante adolescente de sólo 15 años.

Por este hecho, ocurrido hace 33 años, están acusados dos generales que ejercieron la máxima autoridad en la mayor unidad militar del país, junto a otros cuatro represores imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

Se trata del entonces jefe del Comando de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, y su jefe de inteligencia, general Fernando Ezequiel Verplaetsen.

En vísperas del juicio la justicia les revocó la detención domiciliaria y los remitió a un penal federal junto al director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, Osvaldo García.

También están procesados sus subordinados César Fragni y Raúl Harsich, y el principal Alberto Aneto, de la comisaría de Villa Martelli, lugares todos donde el pibe fue llevado junto con su made Iris Pereyra.

El "Negrito" Avellaneda y su mamá fueron secuestrados por un grupo de tareas del ejército el 15 de abril de 1976 de su domicilio de Munro y torturados en la comisaría para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial y afiliado comunista de igual nombre.

La madre fue blanqueada días después al ser puesta a disposición del Poder Ejecutivo por dos años, pero el cadáver del chico apareció el 14 de mayo flotando en la costa de Uruguay junto a otros siete cuerpos, con signos de salvajes torturas que incluyó el empalamiento.

Víctor Enrique Rei fue condenado por el Tribunal Oral federal 6 por anotar como propio al bebé, mediante un certificado de nacimiento falsificado. La querella la había iniciado en 1987 Abuelas de Plaza de Mayo, pero los exámenes genéticos recién se realizaron en 2006 por la oposición del joven, ahora de 31 años.

El gendarme Victor Enrique Rei fue condenado ayer a 16 años de prisión por el Tribunal Oral federal 6 que lo encontró culpable de los delitos de apropiación del hijo de una pareja de desaparecidos al que anotó como propio mediante un certificado de nacimiento falsificado.

El tribunal dio por probado que el joven, bautizado por su apropiador como Alejandro Adrián y que ahora tiene 31 años, es el hijo de Clelia Fontana Deharbe y Pedro Fabián Sandoval nacido en cautiverio, según lo había determinado el estudio realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand.

En ese sentido ordenó la suspensión y rectificación de los documentos que identifican al muchacho como hijo biológico del apropiador, dando caducidad al certificado y acta de nacimiento, así como al DNI.

La pena, si bien inferior a los 25 años de prisión pedidos tanto por la querella como por la fiscalía, fue celebrada con un emocionado aplauso por decenas asistente, incluida Rosa Roismblit, vicepresidenta de las Abuela de Plaza Mayo que en 1987 iniciaron la querella.

Mientras el condenado se retiraba esposado y custodiado por cuatro agentes del Servicio Penitenciario Federal, decenas de chicos de la agrupación HIJOS entonaron el tradicional cántico "...como a los nazis los iremos a buscar" ya sin el peligro del desalojo de la sala.

Quien no pudo presenciar la lectura del veredicto fue la victima del delito, al que el tribunal luego de algunos incidentes durante el juicio le prohibió concurrir a las audiencias.

El muchacho conoció su verdadera identidad en el 2006, luego de concluidos los análisis genéticos pero en su declaración ante el tribunal consideró a Rei y su esposa declarada inimputable, como sus padres "por el cariño que me dieron".

Allí también objetó el procedimiento de obtención del material genético ordenada en el 2005 por la jueza María Servini de Cubría mediante un allanamiento en que se secuestraron cepillos de dientes.

Se trata de una técnica entonces piloto usada para los casos en que jóvenes apropiados se rehusan a realizar voluntariamente la extracción de sangre, a la que TOF 6 adjudicó plena validez por encuadrarse en la legislación vigente.

El fallo, leído directamente por la presidente del TOF 6, María del Carmen Roqueta, desechó una a una las impugnaciones al juicio formuladas por el defensor de Rei, Alejandro María Macedo Runni, comenzando por la prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido.

La sentencia, cuyos fundamentos serán dados el 30 de abril, entendió que se trataba de un reclamo improcedente por tratarse de delito enmarcados en un "crimen de lesa humanidad", como la apropiación de un menor dentro del "plan sistemático" de robo de bebes de desaparecidos practicado durante la dictadura.

La conducta de este abogado ultraderechista, que ensayó una defensa ideológica más que técnica, no sólo motivó sucesivas reconvenciones durante el juicio sino que el fallo gira el tema al tribunal de ética del Colegio Público de Abogados porteño para que analice su comportamiento.

Rei, un gendarme retirado de 68 años que trabajó en el para de ineligencia de la fuerza y fue alumno de la Escuela de las Américas, pasó los últimos cinco años con prisión efectiva por el delito ahora probado.

Fuente: Télam

Los restos de la titular de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas serán esparcidas este martes en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Falleció ayer a los 77 años, a causa de un infarto.

Las cenizas de la titular de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Mabel Gutiérrez, serán esparcidas el martes próximo en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, ubicado en el Parque de la Memoria, sobre la Costanera Norte.

Gutiérrez falleció ayer por la mañana, a los 77 años en su casa, víctima de un infarto al corazón, asistida por dos compañeras de militancia a quienes había llamado por teléfono, tras percibir los síntomas del ataque.

Por pedido de Gutiérrez, el cuerpo será cremado y las cenizas serán esparcidas el martes a las 11 en el Parque de la Memoria, monumento al que ella contribuyó con su labor a levantar en honor de los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado.

Allí, junto a miles de placas que recuerdan el nombre de cada uno de los detenidos desaparecidos, se encuentra la de su hijo Alejandro Gutiérrez, desaparecido el 24 de julio de 1978.

Fue esta mañana en la Capital, producto de un infarto al corazón. Tenía 77 años. "Fue una sorpresa, porque no estaba enferma", señaló una colega de la organización.

La presidenta de la organización de derechos humanos Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Mabel Gutiérrez, falleció esta mañana, en esta capital, de un infarto al corazón, según confirmaron fuentes del organismo.

Gutiérrez falleció alrededor de las 8.00, a los 77 años en su casa y estuvo asistida por dos compañeras de militancia, a quienes había llamado por teléfono, tras percibir los síntomas del ataque.

"Fue una sorpresa, porque no estaba enferma", señaló una de las compañeras de labor en Familiares, organización de DDHH que se constituyó en septiembre de 1976, pocos meses más tarde del Golpe de Estado.

El velatorio de Mabel se está realizando en la calle Riobamba 34, en esta capital, a la espera de la llegada de dos hijos de la luchadora por los derechos humanos que viven en el exterior.

Por pedido de Gutiérrez, el cuerpo será cremado y las cenizas serán esparcidas en el Parque de la Memoria, ubicado en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, monumento al que ella contribuyó con su labor a levantar en honor de los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado.

Mabel había llegado a Familiares luego de la desaparición de su hijo Alejandro, hecho que ocurrió el 24 de julio de 1978.

Alejandro le había hablado a Mabel de Familiares, razón por la cual fue al primer organismo al que acudió para iniciar la búsqueda. Mabel Gutiérrez era presidenta de Familiares desde hace muchos años.

"Estoy en Familiares desde la desaparición de mi hijo Alejandro. El me había hablado de este organismo. Me mostró el camino", reconoció con humildad Gutiérrez.

Mabel era oriunda de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, donde se casó con un médico y tuvo cuatro hijos, uno de los cuales fue Alejandro.

Derechos Humanos

La Corte presentó una comisión para agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad

Estará integrada por jueces, funcionarios, legisladores y organismos vinculados. El acto, encabezado por su presidente Ricardo Lorenzetti, se realizó este mediodía en el Salón Presidencial del máximo tribunal, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

La rápida culminación de unos 1800 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y radicadas en tribunales de todo el país es "un legítimo reclamo de la sociedad argentina" y una "deuda pendiente" del Estado, aseguró hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

El titular del máximo tribunal del país sostuvo también que para llegar a ese objetivo se deben resolver "problemas de gestión y organización", dado que los tres poderes del Estado expresaron ya "a través de múltiples actitudes" esa voluntad política.

"Se trata de una política de Estado sobre la cual no puede haber diferencias", reiteró Lorenzetti al dejar constituida hoy una Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad que integran representantes de los tres y de los organismos de derechos humanos, que sugirieron su creación.

La convocatoria reunió este mediodía a medio centenar de integrantes del grupo en el cuarto piso de Palacio de Tribunales, y de ahora en más sesionará semanalmente elaborando y recibiendo iniciativas para acelerar los procesos, las que serán difundidas a través del Centro de Información Judicial.

La comisión no se inmiscuirá en el desarrollo de los juicios propiamente dichos pero resolverá problemas edilicios y operativos a través del Consejo de la Magistratura y coordinara iniciativas frente a problemas puntuales, según explicó Lorenzetti secundado por la vicepresidente del tribunal Elena Highton de Nolasco.

La Corte ya requirió al Poder Ejecutivo durante una reunión con el jefe de gabinete Sergio Massa, la designación de 750 cargos judiciales para que un sector de ellos se aboque a los juicios, y la cobertura de los cargos de jueces necesarios, así como la eventual creación de nuevos juzgados federales.

La primera sugerencia llegó hoy por voz de una víctima directa del terrorismo de Estado, Nilda Eloy, quien fue testigo en el juicio contra el ex jefe del policía bonaerense, Miguel Echecolatz, y pidió la designación de un juez y un fiscal para la causa por las desaparición del también testigo en ese juicio, Julio López.

Entre los integrantes de esta comisión figuran Alfredo Kraut y Walter Venditti, secretario general y letrado respectivamente de la Corte; jueces federales en actividad como Daniel Rafecas y jubilados, como Mario Costa; Javier Carbajo, secretario de la Cámara de Casación Penal, y Gustavo Vassel, del Consejo de la Magistratura, cuyo titular Luis Maria Bunge Campos asistió al acto.

También la integran el subsecretario de Política Criminal, Alejandro Skolar en representación del Ministerio de Justicia, cuyo secretario de Derecho Humanos, Luis Eduardo Duhalde asistió hoy, junto a integrantes de la Procuración General de la Nación y la Defensoría.

Juan Carlos Salerni, director general de asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, lleva la representación del Congreso en esta "primera vez" que integrantes de los tres poderes del Estado unifican criterios sobre el tema.

Entre los organismos de derechos humanos, convocados en su totalidad, asistieron Rosa de Roisimblit por las Abuelas de Plaza de Mayo), Horacio Verbistky por el CELS, Beniusz Szmuckler de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y Vilma Ripoll, del Cetro de Abogados por los Derechos Humanos.

Refiriéndose en otro momento a la envergadura de la cuestión de los derechos humanos en el país, Lorenzetti destacó que "acá se ha desarrollado el proceso mas grande el mundo", que incluyó el juzgamiento de las juntas militares, la realización de los juicios por la verdad, la derogación de las leyes de amnistía y el procesamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad".

El 28 de diciembre del año pasado, a través de una acordada, la Corte Suprema instruyó a todos los tribunales a acelerar estas causas por delito cometidos hace ya más de tres décadas y creó una superintendencia para coordinar y hacer un seguimiento de los juicios

Derechos Humanos

La Cámara se hizo eco de los insistentes reclamos del Gobierno y los organismos de derechos humanos para agilizar los procesos por delitos cometidos hace ya tres décadas y cuyos autores comienzan a fallecer impunes. Cuatro expedientes que integran la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército pasarán a otros juzgados.

Cuatro causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y asignados al Tribunal Oral Federal 5 fueron reasignados por la Cámara de Casación Penal a otros juzgados, en el marco de un conjunto de medidas para acelerar los juicios contre represores.

Se trata de causas que integran la denominada megacausa del Primer Cuerpo de Ejército y comprenden los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Club Atlético, Banco y Olimpo, en el Hospital Posadas, el Vesubio y en la provincia de La Pampa.

Dichas causas habían sido elevadas a juicio oral durante el 2007 y 2008, pero los juicios no pudieron concretarse dada la saturación del Tribunal 5, que hasta comienzos de años era el único tribunal oral en el área metropolitana a cargo de causas de lesa humanidad.

La decisión del pleno de la Cámara Nacional de Casación Penal se hizo eco de los insistentes reclamos del gobierno y los organismos de derechos humanos para agilizar los juicios por delitos cometidos hace ya tres décadas y cuyos autores comienzan a fallecer impunes.

En diciembre pasado, el reclamo tuvo también reflejo en una acordada de la Corte Suprema de Justicia que urgió a los tribunales inferiores a concretar los juzgamientos y armó una superintendencia específica para atender al tema.

Según informó hoy el Centro de Información Judicial (CIJ), además de reasignar las causas, la cámara designó a jueces para integrar tribunales orales, en reemplazo de magistrados subrogantes, y ordenó dejar sin efecto la suspensión de turnos del Tribunal 5, medidas todas con miras a acelerar estos juicios.

EL Tribunal 5 juzga en estos días al ex subjefe del Primer Cuerpo, el general Jorge Olivera Róvere y a otros cuatro oficiales que comandaron el Regimiento Patricios y las áreas de seguridad en dicho ámbito.

De no mediar una reasignación, el mismo tribunal tiene asignado a partir de octubre el primer juicio contra los represores de la ESMA, en las causas por el secuestro y desaparición de las monjas francesas y el grupo fundador de la Madres de Plaza de Mayo, así como del escritor y periodista Rodolfo Walsh.

El detalle de redistribución de causas es el siguiente:

-Al Tribunal Oral en lo Criminal Federal se le asignó la causa 1280, caratulada: "Suárez Mason s/privación ilegal de la libertad" (CCD Atlético Banco Olimpo), que fue elevada a juicio el 25 de junio de 2008.

-Al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 se le envió el expediente 1287, caratulado:"Bignone Reynaldo Benito y otros s/privación ilegal de la libertad" (en la que se investigan los hechos cometidos en el Hospital Posadas), que fue elevada a juicio el 18 de diciembre de 2008.
Se trata del tribunal que, que está tramitando la causa 509/05, caratulada: "Dadone, Aldo y otros s/defraudación contra la administración pública" (IBM Banco Nación)

- Al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, que tramita el juicio por la tragedia de Lapa, se le asignó el expediente 1281, caratulado: "Gamen, Héctor Humberto y otros s/privación ilegal de la libertad" (que es una elevación parcial de "Vesubio"), elevada a juicio el 25 de julio de 2008.

- Al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6, que tiene tres causas de violaciones a los derechos humanos, el expediente 1272, caratulado: "Iriart, Fabio Carlos y otros s/privación ilegal de la libertad" (en la que se investigan los hechos ocurridos en La Pampa), elevada a juicio el 6 de diciembre de 2007.

Política

Revistaron como jefes del Regimiento de Patricios durante la última dictadura militar y están acusados de 154 secuestros y homicios. El tribunal que los juzga es el mismo que tiene en el banquillo al represor Jorge Olivera Róvere.

Cuatro ex altos oficiales del Ejército que revistaron como jefes del Regimiento de Patricios y de las denominadas "áreas de seguridad" comenzaron a ser juzgados este martes ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) acusados por un total de 154 secuestros y homicidios cometidos durante la última dictadura.

El juicio contra el general de brigada Teófilo Saá, el teniente coronel Felipe Alespeiti y los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez es una virtual ampliación del que en el mismo juzgado se sigue desde febrero al general Jorge Olivera Róvere, ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército en 1976.

"Se trata juicios en paralelo ya que al compartir testigos y víctimas, permite producir prueba de manera unificada, según un procedimiento ya aplicado en juicios como el de AMIA", precisó el fiscal de la causa, Felix Crous.

Los imputados escucharon este martes en la sala la lectura de los autos de elevación de juicio oral que los acusa de manera separada a su superior Olivera Róvere, que fue número dos del ya fallecido Guillermo Suárez Mason.

Pero tanto los alegatos como las sentencias, previstas para octubre en el cronograma del tribunal, se realizarán de manera unificada.

El juicio contra Olivera Róvere, hoy un anciano de 82 años al que se imputan un total de 125 secuestros y homicidios comedidos dentro de la red de campos de concentración ilegales que funcionaron en el área metropolitana y La Pampa, comenzó el pasado 10 de febrero.

De este total, 32 secuestros son en común con los jefes de área bajo su mando, a raíz de lo cual el TOF5 resolvió adoptar un criterio de "economía procesal" análogo al que empleó cuando juzgó la causa AMIA, en el 2003.

Luego de la declaración de los testigos de casos que involucran sólo al ex jefe de subzona, se inició en paralelo el juicio a sus subalternos.

El coronel Menéndez, de 76 años, es abogado y se defenderá solo de la acusación de 41 secuestros durante su jefatura del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 y del área V en 1977 y 1978.

Este militar tuvo notoriedad durante la Guerra de Malvinas al actuar como vocero del dictador Leopoldo Galtieri.

Lobaiza (79 años) y Saá (78) fueron jefe del Regimiento I de Infantería "Patricios" del ’76 al ’79 y se le imputan 83 y 28 casos de secuestros respectivamente.

A su vez, Alespeiti (77) fue segundo jefe de "Patricios" y jefe del área militar II durante 1976, y está acusado de una treintena de secuestros.

Un quinto acusado, el general Rodolfo Enrique Wehner, de 80 años, logró la suspensión del juicio dado su precario estado de salud, pero tanto la querella como la fiscalía apelaron la decisión del tribunal y pidieron que se le lea la acusación por teleconferencia, como se hizo con Carlos Menem en la causa de las armas.

Wehner fue jefe del Regimiento de Granaderos "General San Martín" y comandó el área militar III, donde según la acusación cometió 51 privaciones ilegales de libertad.

Por la cantidad de víctimas involucradas, un total de 270, este juicio es el mayor luego del histórico juicio de la causa 13 realizado en 1985 contra los nueve ex comandantes que integraron las juntas militares de la dictadura.

Derechos Humanos

La Sala I de la Cámara "rechazó totalmente" el "recurso de casación" que la defensa del ex capellán de la Policía Bonaerense había presentado contra la sentencia dictada a fines de 2007. Está acusado por delitos contra los derechos humanos de detenidos en centros clandestinos, durante la última dictadura.

La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó hoy la condena a reclusión perpetua del ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich, por delitos contra los derechos humanos de detenidos en centros clandestinos, durante la última dictadura militar.

Fuentes judiciales dijeron que la Sala I de la Cámara "rechazó totalmente" el "recurso de casación" que la defensa de Von Wernich había presentado contra la sentencia dictada a fines de 2007 por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, por homicidios agravados y decenas de casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos.

El represor y ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense fue condenado hace más dos años por genocidio. El máximo tribunal ratificó además que quienes cometen delitos de lesa humanidad deben cumplir la pena en cárcel común.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia a reclusión perpetua por genocidio para el represor y ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz.

El máximo tribunal del país ratificó además que quienes cometen delitos de lesa humanidad deben cumplir la pena en cárcel común, independientemente de la edad del represor.

El fallo judicial fue confirmado a Télam por el juez Carlos Rozanski, quien presidió el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que juzgó a Etchecolatz.

"Esa sentencia significa un cambio de paradigma, es una bisagra", aseguró a Télam el presidente del Tribunal que condenó al represor.

Rozanski explicó que "es la primera vez en el mundo que queda firme una sentencia dictada por un Tribunal del país donde se cometió el genocidio".

"La figura de genocida no había sido mencionada en ningún país del mundo por un propio Tribunal del Estado donde se cometió ese genocidio", remarcó.

Expresó que esa sentencia es también importante porque "se establece que ese tipo de delitos (de lesa humanidad) no pueden ser cumplida la pena en domicilio, sino que, más allá de la edad tiene que ir a cárcel común".

"La sentencia quedó firme, técnicamente es cosa juzgada", destacó.

Una fuente judicial precisó que la Corte nacional falló hace 20 días confirmando la sentencia impuesta a Etchecolatz pero recién ayer la causa fue devuelta al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, con la notificación correspondiente de las partes y los considerandos del máximos tribunal de justicia del país.

Etchecolatz fue condenado a reclusión perpetua por el Tribunal que presidió Rozanski el 19 de septiembre de 2006, en un fallo considerado histórico por encuadrarse los delitos de lesa humanidad cometidos por el ex policía bajo la figura de "genocidio".

En el fallo, de más de 400 carillas, se explicó que la denominada causa Camps, en referencia al jefe de la Policía Bonaerense, "marcó el principio del reconocimiento del plan de exterminio" que hubo en el país y dijo que en la lucha contra la denominada subversión "existió una exhaustiva planificación previa".

Se precisó que los delitos cometido por Etchecolatz durante la dictadura son de "lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles" y se justificó esa postura "en la degradación y vejámenes a los que eran sometidas" las víctimas de la dictadura.

Para el Tribunal no hubo atenuantes para condenar a Etchecolatz a reclusión perpetua por los homicidios calificados de Diana Teruggi Patricia DellïOrto, Elena Arce, Nora Formiga, Margarita Delgado y Ambrosio de Marco y las privaciones ilegales de la libertad y tormentos del que fueron víctimas Nilda Eloy y Jorge Julio López.

"Etchecolatz cometió delitos atroces y la atrocidad no tiene edad y por lo tanto, un criminal de esa envergadura no puede pasar un día fuera de la cárcel", sostuvieron en el fallo para negar la posibilidad de que acceda a una detención domiciliaria por su edad.

En la mayoría de las provincias y principales ciudades se realizaron actividades, en homenaje a las víctimas de la más sangrienta dictadura militar que vivió la Argentina

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La mayoría de las provincias y principales ciudades del país fueron escenario de diversas actividades en homenaje a las víctimas de la más sangrienta dictadura militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

Las conmemoraciones también cruzaron el océano y en Barcelona estaba planeado un acto en la plaza Sant Jaume, en el que estaba previsto dar a conocer una lista de desaparecidos de origen catalán.

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue instaurado el 2 de agosto de 2002 por el Congreso de la Nación.

Tres años después, el 16 de marzo de 2005, por iniciativa del ex presidente Néstor Kirchner, el Congreso aprobó la ley por la cual la fecha fue incorporada a la lista de feriados nacionales inamovibles para dejar definitivamente instaurada la conmemoración.

Tucumán: muestra de fotos en la Plaza Independencia

La agrupación Hijos colocó hoy fotografías de los desaparecidos tucumanos en la plaza
Independencia, ubicada frente a la Casa de Gobierno, como una forma de recordarlos al cumplirse 33 años del golpe de Estado de 1976.

Desde las 9, los tucumanos que pasaban por el principal paseo de la provincia pudieron detenerse a apreciar fotografías que persiguen mostrar cómo eran en su vida cotidiana los detenidos-desaparecidos, que fueron víctimas de la dictadura militar.

Las fotografías fueron colgadas en la vereda de la plaza que da a la Casa de Gobierno -que a las 3.30 del 24 de marzo de 1976 había sido ocupada por los militares-, junto a carteles que decían "No hay olvido ni perdón" y "33 años de vida, venciendo a la muerte".

Mar del Plata: construirán un monumento a Azucena Villaflor

Un monumento a Azucena Villaflor y en conmemoración del Día de la Memoria, La Verdad y la Justicia será construido en Mar del Plata, anunció hoy el intendente Gustavo Pulti en una sesión especial del Concejo Deliberante de General Pueyrredón realizada con motivo del aniversario del Golpe de 1976.

Pulti, tras firmar en el recinto del HCD el llamado a concurso para construir el monumento, recordó la figura de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, detenida-desaparecida y asesinada durante la última dictadura.

Durante la sesión, en la que estuvieron concejales y funcionarios municipales e invitados especiales, la presidenta de la comisión municipal de la Memoria, la Verdad y la Justicia, Juana Rivas, dijo que desde marzo de 1976 "para imponer un plan económico tuvieron que hacer desaparecer a 30 mil personas".

Rivas, madre de desaparecidos, dijo que "aquel 24 de marzo las Fuerzas Armadas de nuestro país, asociadas con el poder económico, los medios de comunicación, ciertos sectores políticos, la cúpula de la Iglesia Católica y un sector importante de la sociedad que decía por "algo habrá sido", comenzaron a escribir una de las páginas más negras de la historia".

Mendoza: acto oficial en la Penitenciaría provincial

El ministro de Gobierno de Mendoza, Mario Adaro, presidió el acto oficial por los 33 años del Golpe, acompañado por la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo, y otras autoridades de gobierno, legislativas y judiciales, y también estuvieron presentes familiares de los presos desaparecidos y representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos de esta provincia.

Durante la ceremonia en la entrada de la Penitenciaría Provincial, en Boulogne Sur Mer al 1800 de esta capital, se descubrió una placa que recuerda a los presos políticos, sociales y sindicales que fueron víctimas de la última dictadura militar.

La placa fue colocada en la garita del ingreso principal al penal por el que pasaron las víctimas, Miguel Angel Gil y Santiago Illa en la cual se puede leer: "Ellos viven en la lucha inclaudicable de los pueblos por su liberación".

Para esta tarde, alrededor de las 18.30, está previsto que en el kilómetro cero de la capital mendocina, en la avenida San Martín y Garibaldi, se realice un acto público de conmemoración por los muertos y desaparecidos durante el proceso militar.

Desde este lugar partirá una movilización que marchará por las calles céntricas de esta ciudad.

San Juan tuvo una “vigilia interactiva”

El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y el vicegobernador, Rubén Uñac, encabezaron el acto de homenaje provincial a las víctimas del Terrorismo de Estado, en el marco de las actividades organizadas por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el edificio de la ex Legislatura Provincial.

La conmemoración incluyó una vigilia que finalizó después de la 1,40 horas cuando se entonaron el Himno Nacional Argentino y se rindió un homenaje a las 125 personas desaparecidas en San Juan, nombrando a cada una de ellas, a lo que los asistentes contestaban al grito de "íPresente!"

El acto se desarrolló en el edificio donde en el pasado funcionaba la Legislatura Provincial y que fue utilizada por las fuerzas represivas como lugar de detención y tortura.

Estuvieron presentes legisladores, sindicalistas, autoridades y alumnos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), funcionarios del gobierno, miembros de la Agrupación HIJOS y de la Fundación por la Democracia y los Derechos Humanos San Juan.

Se depositaron ofrendas florales en homenaje a las víctimas, el presbítero José María Nieto, hermano de un desaparecido, pronunció una invocación religiosa y luego fue leído un fragmento del libro "Historia de las víctimas del Terrorismo de Estado en San Juan", autoría del militante de Derechos Humanos Eloy Camus.

La "Vigilia Interactiva" realizada se compuso de talleres de información, esclarecimiento y reflexión, poemas, música, ponencias y debate y por último, a la 1.40 de hoy, hora en que fue interrumpida la democracia el 24 de marzo de 1976, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se firmó "el compromiso del pueblo argentino para el sostenimiento y defensa de la Democracia y los Derechos Humanos".

Salta: homenaje a José Porcel, último director democrático del Servicio Penitenciario provincial

Las autoridades salteñas homenajearon hoy a José Porcel, perseguido por haber sido el último director democrático del Servicio Penitenciario provincial, en un acto donde se recordaron los 33 años del golpe de Estado en el país.

"Nunca más estos muros van a amparar acciones violatorias de la ley, porque este Servicio Penitenciario está al servicio de la democracia", expresó el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Salta, Pablo Kosiner.

El funcionario fue el principal orador del acto desarrollado hoy, en la Plaza de Armas del Servicio Penitenciario provincial, con motivo del Día de la Memoria, a 33 años del golpe de Estado de marzo de 1976.

Durante los años del terrorismo de Estado, esta institución penitenciaria albergó presos políticos, de los cuales algunos fueron asesinados en maniobras de aparentes traslados, como los de la Masacre de Palomitas, en la que fueron fusilados 11 personas.
La ceremonia incluyó la imposición del nombre de José Eduardo Porcel al Salón de Exposición y Ventas del Servicio Penitenciario.

Porcel fue el último director de la institución en democracia, durante el gobierno de Miguel Ragone, quien por su activa militancia sufrió una encarnizada persecución, que incluyó 52 allanamientos en su domicilio.

En Salta, las actividades por el "Día de la Memoria" comenzaron ayer, con una jornada de vigilia que incluyó una muestra de cine, la presentación de una obra de teatro y paneles debates en el Centro Cultural América, del centro salteño.

La organización de la jornada estuvo a cargo del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), el programa nacional "Juana Azurduy", la Subsecretaría provincial de la Juventud, el Institucional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el área de comunicaciones del Movimiento Libres del Sur.

Allí se proyectaron películas como "Crónica de una fuga", "Aparecidos" y "Cordero de Dios", y se presentó la obra "En un azul de frío", dirigida por el realizador salteño Rafael Monti.
En tanto, el panel final estuvo a cargo de la rectora de la Universidad Nacional de Salta, Estela Pérez de Bianchi, y el diputado Carlos Morello, del Movimiento Libres del Sur.

La Pampa: acto oficial y árboles en memoria de los desaparecidos

Con un acto oficial en el Paseo de la Memoria ubicado en la laguna Don Tomás y otro en la actual Brigada de Investigaciones, donde se descubrió una placa por ser un centro clandestino durante la dictadura militar de 1976, se conmemoró hoy a la mañana el 33 aniversario del golpe.

En el Paseo de la Memoria, ubicado en la laguna Don Tomás de Santa Rosa, organizado por la municipalidad local, el gobierno provincial y la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa se llevó a cabo un acto en el que se plantó un árbol en memoria de los desaparecidos.

Por otra parte, en la Brigada de Investigaciones de Santa Rosa, donde en la época de la dictadura y hasta hace pocos años en democracia funcionó la Seccional Segunda, se descubrió una placa denunciando que allí funcionó un centro clandestino de detención.

Además de entregar diplomas a víctimas de la dictadura y a escritores y políticos que denunciaron el genocidio de esa época, Mario Canoba, del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, se refirió a "los años más oscuros y cruentos que ha vivido nuestro país durante la dictadura".

Por la tarde, los actos continuarán en la plaza, donde músicos y artistas locales interpretarán temas alusivos a la fecha.

Chubut: muestra fotográfica en el “Centro Cultural de la Memoria”

El Subsecretario de Derechos Humanos del Chubut, Juan Arcuri, habilitó hoy la muestra fotográfica "Imágenes robadas. Imágenes recuperadas" como parte de las actividades para recordar los 33 años del golpe de Estado.

La muestra se exhibe en el "Centro Cultural de la Memoria" de Trelew, levantado sobre el viejo edificio del aeropuerto donde el 15 de agosto de 1972 se entregaron los presos políticos que se habían evadido de la cárcel de Rawson horas antes, quienes fueron acribillados en los calabozos de la base local de la armada una semana después.

La muestra está compuesta por documentos y fotografías de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia Buenos Aires y da cuenta del trabajo de seguimiento e investigación que realizaba la dictadura sobre militantes políticos, sociales y gremiales.

La particularidad de esta exposición es que se sumará a las que fueron rescatadas de la propia policía local, con fotografías sobre seguimiento a organizaciones barriales.

Esta tarde desde las 18 en el Concejo Deliberante de Trelew, se realizará la presentación de "Memorias del Mensajero", el libro biográfico de Mario Jorge Bau con el que homenajea a su hermano Horacio, cartero trelewense detenido-desaparecido el 27 de noviembre de 1977 en Ensenada, provincia de Buenos Aires.

Se confirmó oficialmente que en el acto de esta tarde estará el gobernador del Chubut, Mario Das Neves a quien el autor del libro le hará entrega de un ejemplar.

La "Semana de la Memoria" comenzó hace seis días y terminará mañana en Puerto Madryn, con la proyección del film "Del Horror a la Esperanza" de Román Lejtman, tras lo cual tendrá lugar una charla-debate.

Formosa: marcha de docentes y organizaciones políticas y de derechos humanos

Gremios docentes, organizaciones políticas y de derechos humanos marcharon hoy hasta la sede donde se desarrolla el juicio oral y público al ex gobernador de facto, general Juan Carlos Colombo, para repudiar el golpe del Estado del 24 de marzo de 1976.

Durante la movilización que ocupó la avenida 25 de Mayo los manifestantes recordaron a cada uno de los desaparecidos formoseños y exigieron justicia al tribunal que juzga "la historia negra de Proceso en Formosa", a la vez que invitaron a participar de los debates.

Para la tarde está prevista "una radio abierta" en la zona céntrica de la capital norteña, "para repudiar el golpe del `76" aseguraron los organizadores de la APDH que proyectarán documentales y realizarán un acto público junto al monolito que recuerda a los desaparecidos.

Posteriormente se convocó a la presentación del "Informe de la ex Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay", a cargo de monseñor Melanio Medina que integró esa comisión en el vecino país.

El gobierno provincial tiene previsto otro acto en la zona costanera de la ciudad capital organizado por la subsecretaría de Derechos Humanos.

La Rioja: invocación religiosa en el “Sitio de la Memoria”

Los 33 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se recordaron hoy aquí con una invocación religiosa en el lugar conocido como "Sitio de la Memoria", en la zona sur de la capital con la prescencia del secretario de Derechos Humanos de la provincia Domingo Bordón.

El sitio de la memoria fue inaugurado al conmemorarse el trigésimo aniversario del golpe de Estado para recordar allí con árboles plantados con todos los hombres y mujeres riojanos desaparecidos.

Los actos en recordación al día de la "Memoria, la Verdad y la Justicia" comenzaron anoche, en la sala ’Víctor María Cáceres’ del Teatro Provincial que incluyó un video con testimonios de familiares de detenidos desaparecidos y un espectáculo artístico y finalizarán esta noche con una misa en la iglesia Catedral riojana.

Los homenajes cruzaron el océano y llegaron a Barcelona

Los 33 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 serán recordados hoy por la comunidad argentina radicada en España con un acto en la plaza Sant Jaume de Barcelona, en el que se dará a conocer una lista de desaparecidos de origen catalán.

El acto se desarrollará a partir de las 18 hora local (14 de Argentina) en la emblemática plaza Sant Jaume, frente al ayuntamiento local y el Palacio de la Generalitat (gobierno autónomo), informó hoy el Casal argentino de Barcelona en un comunicado al que adhieren otras organizaciones argentino-catalanas.

"Nos concentraremos para expresar nuestra solidaridad con todas las víctimas de la dictadura y especialmente a los hombres y mujeres que han conseguido victorias históricas en la lucha por frenar la barbarie genocida", afirma la entidad convocante.

Durante el acto se presentará una lista de desaparecidos y víctimas de la represión en Argentina originarios de Cataluña, norte de España.

"Los datos que figuran en la lista son resultado de una investigación realizada en base a la información que aparece en las distintas causas judiciales abiertas contra los represores", dijo hoy a Télam el presidente del Casal Argentino de Barcelona, Diego Arcos.

Por otro lado, las entidades argentinas convocaron para el domingo 29 de marzo a una maratón en memoria del atleta argentino detenido-desaparecido Miguel Sánchez.

Esta carrera se corre en distintas ciudades del mundo a partir de una iniciativa de un periodista italiano, que la organizó por primera vez en Roma en el año 2000.

En Barcelona será la primera vez que se corre esta maratón que pretende ser un "paseo popular no competitivo" y "solidario", al que se espera que asista la comunidad barcelonesa en su conjunto.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió a la tarea de recuperar la identidad de niños robados durante la dictadura militar. En ese sentido, destacó que en 2008 se registró el mayor número de nietos identificados. "La sociedad ha tomado conciencia de que entre todos tenemos que encontrarlos", afirmó.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que la tarea de rescatar la identidad de niños robados durante la dictadura militar "es un logro de la sociedad civil y del Estado", que confluyeron para que en el año 2008 se haya registrado el mayor número de nietos identificados.

"Este dato no es casual, la sociedad ha tomado conciencia de que entre todos tenemos que encontrarlos porque (el robo de bebés) es un delito que nos afecta a todos", sostuvo la presidenta de Abuelas sobre el aporte de la sociedad en la búsqueda que se realiza por la restitución de la identidad de cerca de 500 niños apropiados desde 1976.

Ese apoyo, según Carlotto, no podría haber tenido eco sin la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que permitieron la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner.

Consultada por Télam ante un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, calificó ese día como "una fecha nefasta que dio lugar al nacimiento de las Abuelas", cuando por octubre de 1977 un grupo de madres que no se conocían entre sí se unieron en el dolor por la doble pérdida de sus hijos y sus nietos.

"Fue un cambio de vida total, salimos de nuestros hogares para realizar una búsqueda desconocida, peligrosa, con mucho miedo, que no termina con los 97 nietos localizados hasta hoy", apuntó sobre el periplo que significó deambular sin descanso por comisarías, sedes judiciales, hogares de niños, despachos oficiales, e iglesias.

A Carlotto la inquieta -como a todas las Abuelas- que aún haya "desaparecidos con vida que están sin saber quiénes son y cuál es su historia", y que "sin saberlo se crucen en la calle con una Abuela que los busca".

Sin embargo, en 32 años, la historia de Abuelas de Plaza de Mayo jamás fue manchada por pronunciamientos o actitudes que justificaran la venganza como método de protesta, aún sabiendo que el tiempo conspira contra la búsqueda de verdad y justicia.

Con la tenacidad de que son ejemplo, se unieron al pedido de otros organismos como Madres de Plaza de Mayo, Familiares para que tres poderes del Estado activen los mecanismos que permitan acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, entre los cuales está comprendido el delito de apropiación de menores.

"Estamos convencidos que hay una ideología en algunos jueces que hace que actúen en función de esa ideología que la demuestran con su apoyo hacia los delincuentes en lugar de apoyar a las víctimas", señaló.

Instó a "modificar esta situación" y con ese principio se entrevistaron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; el Consejo de la Magistratura; y continuarán con la Procuración General de la Nación y las Cámaras de Diputados y Senadores.

Hoy, la tarea de las Abuelas alcanza reconocimiento internacional al punto de permitirse mostrar ante los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la Argentina como país líder con la creación de un banco genético de datos con la sangre de los abuelos que buscan a sus nietos.

"Nuestro aporte fue mostrar la tarea de Abuelas, que nos valimos de la ciencia para recuperar a nuestros nietos, y llevarla a otros países como una alternativa válida y científica para que puedan utilizarlo para buscar a sus desaparecidos", explicó Carlotto.

El eventual aval de la ONU a la promoción de bancos de datos genéticos en el mundo permitirá un intenso intercambio de información entre Argentina y los demás países, que podría servir para mejorar técnicas forenses de búsqueda.

El derrotero sin fin de Abuelas de Plaza de Mayo por lograr la localización de todos los niños robados que se constituyeron en botín de guerra, permitió la identificación de 97 hijos de desaparecidos nacidos en las maternidades clandestinas que los represores mantuvieron con recelo.

Por los que restan, Abuelas continúa con su campaña desde el sitio www.abuelas.org.ar instando a quienes tengan dudas sobre su identidad, se comuniquen telefónicamente, se acerquen a la Casa de Abuelas, o se comuniquen a través del correo electrónico a dudas@abuelas.org.ar.

Derechos humanos

Lo pidió el secretario de Derechos Humanos de esa provincia, Raúl Sánchez. El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército cumple una condena a prisión perpetua, por un caso de muerte de varias personas ejecutadas en un simulacro de fuga.

El secretario de Derechos Humanos de Córdoba, Raúl Sánchez, solicitó al represor Luciano Benjamín Menéndez, que revele donde están "los restos de los desaparecidos" en la provincia durante la dictadura.

El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército cumple una condena a prisión perpetua aplicada por la Justicia Federal de Córdoba en junio pasado, por un caso de muerte de varias personas ejecutadas en un simulacro de fuga.

Sánchez dijo que dejó una carta en el penal de Bouwer, donde está alojado Menéndez, en la que le reclama "un gesto humano de arrepentimiento" y que precise los lugares de enterramiento de las víctimas de la represión en la que él fue máxima autoridad.

El funcionario ratificó que a días del 33 aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, se dirigió a Menéndez "en nombre de los miles de familiares de tantas víctimas del terrorismo de Estado que usted personificó", para preguntarle si "está dispuesto" a revelar esos datos.

"Quiero conocer si está dispuesto a aliviar el dolor de esos familiares que a 33 años de la represión aún buscan el alivio de velar los restos de sus seres queridos, darles cristiana sepultura y elaborar su duelo", según los términos de la misiva precisados por Sánchez.

El funcionario le expresó al represor que su "expectativa, tal vez ingenua, encierra la esperanza de encontrar un gesto, un gesto humano de arrepentimiento, que resulte un acto de humanidad de su parte", y también pide por hijos nacidos en cautiverio de sus madres.

Al respecto señaló que "lo que busco es que ese gesto genere alguna claridad, algún dato de tantos que usted conoce por su responsabilidad probada en debido proceso, acerca de donde están los hijos paridos en sus cárceles, los nietos".

Finalmente, Sánchez, aunque reitera sus dudas sobre un gesto de parte de Menénez, dice tener "la certeza de que si usted nos cuenta donde están nuestros hijos y nuestros muertos, tal vez sienta un alivio al cumplir la condena".

Fuente: Télam.-

Derechos Humanos

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso la excarcelación de Miguel Clements, oficial de Marina; y Daniel Cuomo, suboficial; y la medida será recurrida por el fiscal Raúl Pleé. Continúan detenidos en el Penal de Marcos Paz hasta tanto hagan efectiva una caución personal de un millón de pesos por cada uno.

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso la excarcelación de dos represores de la causa ESMA, Miguel Clements, oficial de Marina; y Daniel Cuomo, suboficial; y la medida será recurrida por el fiscal Raúl Pleé.

Clements y Cuomo todavía continúan detenidos en el Penal de Marcos Paz hasta tanto hagan efectiva una caución personal de un millón de pesos por cada uno de ellos con tres fiadores, según dispusieron los camaristas.

Mientras tanto, la medida va a ser recurrida por el fiscal Pleé, informaron fuentes vinculadas al caso.

Los firmantes de la excarcelación fueron los jueces Guillermo Yacobucci y Luis M. García, quienes dijeron que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la justicia por parte de los imputados.

En disidencia se pronunció el juez Gustavo W. Mitchell, según informó el equipo querellante de la causa ESMA, integrado por el abogado Rodolfo Yanzón.

Fuentes judiciales indicaron que esta medida "puede generar un precedente a favor de una veintena de represores".

Clements y Cuomo están procesados por decenas de hechos consistentes en privaciones ilegales de libertad e imposición de tormentos cometidos por el grupo de tareas que funcionó en el centro de exterminio de la ESMA.

El 18 de diciembre último la misma Sala había concedido la libertad de los represores Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta, Raúl Scheller, Néstor Savio, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Raúl González, Ernesto Weber, Antonio Pernías, Juan Antonio Azic, Víctor Cardo y Alberto González; medida que fue suspendida al día siguiente ante un escrito presentado por Pleé.

Télam.-

Derechos Humanos

Ex médicos del Hospital Militar Central complicaron la situación de un ex comandante de Gendarmería Nacional, al declarar en el juicio oral que se le sigue por la apropiación y sustracción del hijo de una pareja de desaparecidos durante la última dictadura militar.

En su momento el procesado, el ex subjefe de inteligencia de esa fuerza, Víctor Enrique Rei, había argumentado que el niño había nacido en ese centro asistencial, pero los médicos afirmaron que en los libros del hospital se anotaban todos los partos y en ellos no figura el de la esposa del ex gendarme.

Tanto el ex jefe del servicio médico del hospital, Rubén Ernesto Sanzón, como el encargado de maternidad, Horacio Schiavo expusieron ante el Tribunal Oral Federal Seis (TOF 6) a cargo del debate en el que intervienen los fiscales Carlos Crous y Martín Níklison y, como querellante, la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.

Los testigos descartaron que el fallecido médico Julio César Cáceres Monnié -quien se desempeñaba en el Hospital Militar Central y habría firmado el certificado de nacimiento del bebé apropiado- pudiera haber asistido el parto porque "era cardiólogo", enfatizaron ambos.

En la misma audiencia también declaró como testigo el comerciante Augusto Chavanne, quien mencionó a Rei como uno de los que participaron en su secuestro, en octubre de 1978. Rei "era el malo", uno de los que "interrogaba" a los detenidos en Campo de
Mayo, contó Chavanne al TOF 6.

A Rei se le atribuyen responsabilidad en la sustracción y ocultamiento del hijo de Liliana Clelia Fontana Deharbe y Pedro Fabián Sandoval, secuestrados y desparecidos en julio de 1977, y también por falsificación de documentos públicos, entre ellos los destinados a acreditar la identidad.

El ex gendarme y su cónyuge, Alicia Beatriz Arteach -declarada inimputable- anotaron como propio al bebé, para lo que se habrían valido de la rúbrica de Cáceres Monnié, hermano de un oficial del ejército asesinado en la década del 70.

El joven, Alejandro Sondoval Fontana, recuperó su identidad en 2006, pero luego de las primeras jornadas del juicio, dejó de concurrir al debate oral y público que se realiza, los lunes y viernes, en la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002, de esta capital.

La causa se inició por denuncia de la fundadora de la Asociación, Maria Isabel "Chicha" de Mariani y parte de la instrucción estuvo a cargo de la juez federal María Servini de Cubría.

Rei realizó un curso de inteligencia en la Escuela de las América de Panamá y participó del Operativo Independencia en Tucumán, en 1975; fue segundo jefe de inteligencia de la fuerza y se retiró como subdirector de la Escuela de Gendarmería.

El TOF 6 está presidido por María del Carmen Roqueta e integrado por José Martínez Sobrino y Julio Luis Panelo.

Según constancias del sumario, los padres biológicos de joven, Pedro Fabián Sandoval y Liliana Clelia Fontana, fueron secuestrados en la localidad bonaerense de Caseros en julio de 1977, cuando la mujer tenía dos meses de embarazo.

Fuente: Télam.-

Política

Lo requieren para juzgarlo por delitos de "lesa humanidad" contra 27 ciudadanos de esa nacionalidad en el marco del denominado "Plan Cóndor". El represor, detenido en una cárcel del Servicio Penitenciario en Campo de Mayo, argumentó en los tribunales de Comodoro Py que ya fue juzgado y condenado por esos hechos.

El dictador Jorge Rafael Videla se opuso hoy a ser extraditado a Italia para ser juzgado por delitos de "lesa humanidad" contra 27 ciudadanos de esa nacionalidad, en el marco del denominado "Plan Cóndor".

Videla, de 83 años, detenido desde hace cinco meses en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo, fue trasladado esta mañana a los tribunales de Comodoro Py de esta Capital, donde el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le hizo saber del pedido de extradición.

Asistido por su abogado José Casabal Elía, Videla, quien llegó y se retiró esposado y custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario, planteó la defensa de "cosa juzgada" porque a su criterio los hechos por los que es requerido por Italia fueron tratados durante el juicio a las juntas militares, conocido como "Causa 13".

Durante la audiencia "de identificación", se le notificó a Videla su "arresto preventivo con fines de extradición", una formalidad procesal, ya que el ex presidente de facto cumple prisión preventiva dictada en otras causas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

El pedido de las autoridades italianas incluye a otros 58 represores, entre ellos los ex jefes militares Emilio Eduardo Massera y Domingo Antonio Bussi.

En el sumario sobre el "Plan Cóndor" -un pacto entre dictaduras de Sudamérica para perseguir a opositores políticos fuera de las propias fronteras- se investigan centenares de casos de delitos contra los derechos humanos, de los cuales 27 casos -casi todos desaparecidos- interesan a la justicia de Italia.

Canicoba Corral cumple con las formalidades de la solicitud debido a los tratados de asistencia recíproca con Italia y la ley 34.767, pero "es improbable -dijo una fuente- que se conceda la extradición, porque Videla es sujeto de varios procesos en la Argentina".

El dictador cumplía detención en su domicilio de la avenida Cabildo al 600, de esta capital, hasta que el 10 de octubre último el juez federal Norberto Oyarbide dispuso que siguiera cumpliendo prisión preventiva en la unidad 34 del SPF, en Campo de Mayo.

Oyarbide consideró entonces que esa unidad penitenciaria contaba con el "equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado.

Además del sumario sobre el "Plan Cóndor", Videla también es investigado por la presunta existencia de un plan sistemático para la sustracción de recién nacidos durante la última dictadura militar y el secuestro a los empresarios Gutheim.

Derechos Humanos

Solicitarán hoy al Consejo de la Magistratura la creación de nuevos juzgados como alternativa para acelerar los procesos legales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. "Necesitamos que los juicios no sean eternos", dijo Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora.

Los organismos de derechos humanos pedirán hoy al Consejo de la Magistratura la creación de nuevos juzgados como alternativa para acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La solicitud forma parte del documento que presentarán a las 11 los organismos de derechos humanos ante el Consejo de la Magistratura, encargado de llamar a concurso para el nombramiento de los miembros del Poder Judicial.

"Necesitamos que los juicios no sean eternos", dijo Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora consultada por Télam antes de la reunión que comenzará a las 11 en Libertad 731, ciudad de Buenos Aires.

Las entidades defensoras de los derechos humanos iniciaron el mes pasado una serie de entrevistas con los tres poderes de la Nación para presentar una propuesta que contribuya a acelerar los juicios por crímenes de lesa humanidad.

El 18 de febrero pasado representantes de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y unos días después se entrevistaron con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco.

Tras la reunión con el Consejo de la Magistratura, las organizaciones llevarán su propuesta a la Procuración General de la Nación y a legisladores nacionales.

Fuente: Télam.-

Derechos Humanos

El represor será enjuiciado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la dictadura. Junto a Alfredo Astiz, quien fue su subordinado en el centro de torturas, está imputado en no menos de 200 delitos, entre ellos el secuestro de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y el del escritor Rodolfo Walsh.

La Cámara Federal confirmó que el represor Jorge "El Tigre" Acosta deberá ir a juicio oral por delitos de "lesa humanidad" cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.

En sendas resoluciones, difundidas hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), la Cámara Federal rechazó "in limine" un recurso de Casación interpuesto por la Defensora Oficial Verónica Blanco, asistente de los represores, quien reclamaba que el máximo tribunal penal de la Nación revisase su objeción a la elevación a juicio.

En sus fallos los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun declararon "inadmisibles" los planteos de la Defensora Blanco quien también asiste técnicamente a los represores Manuel García, Jorge Raúl González, Jorge Carlos Radice, Erman Frimon Weber, Víctor Cardo y Juan Azic.

El expediente en el que se rechazó la pretensión de los ex jefes navales del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" es una de las "megacausas" por gravísimas violaciones a los derechos humanos reabiertas tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.

En uno de los "legajos" que integran dicho expediente, el referido al secuestro y desaparición de la joven sueca Dagman Ingrid Hagelin, el juez último el represor Acosta se negó a declarar ante el juez Torres mientras que su ex camarada de armas Alfredo Astiz efectuó una negativa de los hechos que se le imputan.

"No se de qué me habla" le respondió Astiz al magistrado cuando fue interrogado sobre si tenía conocimiento de "vuelos de la muerte" que llevaban a prisioneros del campo clandestino de detención que funcionaba en la ESMA y que, todavía con vida, eran arrojados al mar.

Acosta y su entonces subordinado Astiz están imputados en no menos de doscientos delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, entre ellos el secuestro de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y el del escritor y periodista Rodolfo Walsh.

Derechos Humanos

Además, deberán establecer qué porcentaje corresponde a violaciones a los derechos humanos y si tienen o no detenidos. El Centro de Información Judicial explicó que la medida "apunta a contar con un cuadro de situación" para "acelerar el trámite de aquellos expedientes donde se investigan violaciones a los DD.HH".

La Cámara Nacional de Casación Penal requirió a todos los tribunales orales en lo criminal federal del país que le informen cuántas causas tienen en trámite, qué porcentaje de esas causas corresponde a violaciones a los derechos humanos y si tienen o no detenidos.

Así lo hizo saber el Centro de Información Judicial (CIJ) que explicó que la requisitoria "apunta a contar con un cuadro de situación pormenorizado respecto del mapa de causas judiciales que tramitan en el fuero criminal en todo el país, a fin de acelerar el trámite de aquellos expedientes donde se investigan violaciones a los derechos humanos".

El CIJ recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó en el mes de diciembre último una Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, a cargo de José Luis Mandalunis, para monitorear las causas que involucran violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.

Entre las funciones asignadas a esa dependencia "están la de requerir informes a los magistrados sobre la evolución de los procesos; exhortar a los jueces a acelerar las causas y al Consejo de la Magistratura a tomar medidas para dotar de recursos humanos y materiales a los tribunales que intervienen en estos casos".

Días atrás la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento para causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, que funciona en el ámbito de la Procuración General de la Nación, reclamó la "reasignación de causas" que tiene en trámite el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).

En un escrito presentado ante la camarista Liliana Catucci, titular de la Cámara de Casación, los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti, jefe y coordinador de la unidad fiscal, junto a Alejandro Alagia, que actúa en la fiscalía que prepara el juicio, aseguraron que los inconvenientes "son de orden administrativo-judicial".

Actualmente el TOF 5 está realizando un juicio oral al represor Carlos Olivera Róvere, que fue subjefe del Primer Cuerpo, y según el cronograma previsto, en agosto o septiembre empezaría con el más emblemático de todos los juicios, el de la ESMA, que ocuparía casi todo el año 2010.

Esta congestión de megacausas en el TOF5 postergaría, nuevamente, otros juicios del Primer Cuerpo de Ejército como el de los centros clandestinos de detención Atlético, Banco-Olimpo, Vesubio, Hospital Posadas y La Pampa, entre otros.

En su presentación, la Unidad Fiscal solicitó concretamente que se aplique el mecanismo previsto en el artículo 9 de la ley 26.371 que faculta a la Cámara de Casación a llevar a cabo una integración de los tribunales con el objetivo de lograr una distribución racional de recursos.

"Los obstáculos más graves, como las leyes de obediencia debida y punto final fueron superados", dice el documento remitido a la Cámara de Casación en el que advierten que el actual cuello de botella en las causas pendientes de juzgamiento en el área metropolitana "responde más razones de orden administrativo-judicial que de naturaleza jurídica".