PARA COMPRENDER MEJOR ALGUNOS CONCEPTOS
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EDITORIAL DEL DIARIO EL PAIS DE MONTEVIDEO
HOY 30 DE ABRIL DE 2008.

EDITORIAL
Alcaldías


Los disfraces sólo sirven para disimular una identidad y no para valorizarla. Cuando se recurre a ellos, existe el peligro de que la máscara llegue a importar más que el rostro verdadero que ella oculta. Por definición del idioma español, los asuntos relativos a la administración de una ciudad dependen del alcalde, quien debe encargarse de mantener el buen orden, salubridad y limpieza del lugar, así como los asuntos que derivan de esos grandes temas, desde el alumbrado público hasta la recolección de residuos y el tránsito callejero. Cuando la función concreta del alcalde pretende disfrazarse bajo otras denominaciones que desdibujan su significado, se obliga al diccionario de la lengua a precisar que en el Uruguay -y sólo allí- el titular de un ayuntamiento se llama intendente, que aparece como encargado de "la administración de los intereses de un municipio". En el caso de Buenos Aires se ha llegado más lejos en materia de disfraces de una tarea, porque en esa capital federal se habla de "jefe de gobierno de la ciudad", como si la frase jerarquizara el cometido de quien debe velar por la luz, la basura, los árboles, el pavimento y la circulación vial. Lo que parecía claro y sencillo se esfuma bajo nombres que no ayudan a explicar las obligaciones del titular de la alcaldía.

Todo ese artificio tiene un origen político destinado a barnizar el ejercicio de una función, otorgándole un brillo menos útil para los intereses colectivos que el simple cumplimiento de la faena administrativa para la cual son designados los alcaldes. Las conclusiones que saca entonces el ciudadano de un municipio como el montevideano -es decir, el contribuyente que abastece su aparato recaudado- es que ese coloso de 8.000 cabezas se mantiene costosamente para justificar lo que cobra y para sostener con el sindicato de sus trabajadores un conflicto por ajuste de salarios mucho más devorador de fondos que el suministro de servicios de mantenimiento, obras y mejoras a los que debería estar atento, porque para eso se le paga. Lo que era en esencia un medio (es decir, disponer de personal capaz de trabajar al servicio de la ciudad) se ha convertido en un fin (ya que el 52% de toda la recaudación se vuelca en pagar sueldos, con lo cual la Intendencia parece existir para ello).

Por culpa de semejante desfiguración, las calles están rotas o apenas remendadas, las veredas siguen en estado deplorable, hay zonas en tinieblas porque muchos focos del alumbrado se encienden durante el día pero se apagan de noche, y hacen falta semáforos en infinidad de cruces peligrosos que no se colocan porque ya se sabe hacia dónde van los recursos. Los contenedores de basura están en un acelerado proceso de deterioro bajo la acción de miles de hurgadores que esa Intendencia patrocina, confundiendo actitud solidaria con beneficencia irresponsable, y ejerciendo la más cómoda de las filantropías: la que se practica con recursos ajenos y no propios, es decir con el dinero que pagan los vecinos a través de la contribución inmobiliaria, la patente de rodados, la tasa de saneamiento y los tributos domiciliarios. Disponiendo de esa enorme fuente, es posible volverse magnánimo y otorgar ajustes salariales por el 100% del IPC a una masa de dependientes cuyo nivel promedial de rendimiento, compromiso laboral, eficiencia y espíritu de servicio es un tema que conviene saltear para que el panorama no sea más deprimente.

De paso, el gremio municipal que tanto exige y que promete una nueva hilera de paros para satisfacer sus pretensiones salariales, ha tenido en los últimos años actitudes patoteriles, como la asumida frente a un jerarca que se encontraba en la etapa terminal de una enfermedad que poco después lo mató. Eso no impide que dicho sindicato persista en su desafío y que las autoridades del ayuntamiento montevideano sean incapaces de hacer frente a tales provocaciones, luego de haber sido igualmente incapaces de defender los intereses de la ciudadanía antes de sucumbir ante un atropello gremial que a esta altura ya ha olvidado para qué existe la alcaldía, para qué fines se la mantiene y cuáles son las obligaciones de ese organismo ante la población que lo financia y paga sus 8.000 sueldos.

Como extremo casi parodial de la situación, un suelto publicado el viernes 25 en esta misma página hacía notar que la Intendencia sólo dispone de 117 inspectores de tránsito para una ciudad con 3.000 kilómetros de vías públicas y que por licencias y ausencias esos 117 quedan reducidos a 94, que salen a trabajar en parejas. A cada una de ellas le corresponden entonces 64 kilómetros de calles, es decir unas 700 cuadras. Sin comentarios.