La secretaria de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Dra. Romina Picolotti, dijo hoy que “los daños ambientales no respetan jurisdicciones”, e instó a “establecer un marco regulatorio consensuado y de aplicación posible en cuestiones ambientales”, que reconozca responsabilidades “compartidas pero diferenciadas” en el manejo de los residuos electrónicos.

La funcionaria se expresó así al inaugurar, en la sede de la cartera ambiental y junto al senador nacional Daniel Filmus, el primer seminario sobre “Gestión Sustentable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)” –un encuentro del que participaron representantes del sector empresario, organizaciones no gubernamentales y del Estado-, que tiene por objetivo alcanzar consensos en procura de una solución al incremento de residuos electrónicos que se generan a diario en nuestro país.

“El ambiente no respeta jurisdicciones y los daños ambientales tampoco lo hacen. Hicimos un gran esfuerzo el año pasado para federalizar la política ambiental y trabajar junto a las provincias en pos del interés público general en estos temas, lo que implica muchas veces abandonar la postura tradicional de límites administrativos provinciales y ponernos juntos a trabajar por la Nación”, explicó la funcionaria.

“Desde el Ejecutivo Nacional y junto al Senado hemos decidido abrir este espacio de debate que tiene como fin establecer un marco regulatorio consensuado y de aplicación posible, y establecer las responsabilidades que, en cuestiones ambientales -y específicamente en casos como los de estos residuos-, son compartidas pero diferenciadas”, indicó la secretaria.

En ese sentido, detalló que “el Estado tiene la responsabilidad de regular, controlar y ofrecer las garantías para la gestión de estos residuos; las empresas tienen la responsabilidad de hacerse cargo de los desechos que generan, y por último los usuarios tienen la de acercar aquellos elementos que consumieron a las firmas que se ocupan de disponer de ellos de manera adecuada”.

En coincidencia, el Presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso de la Nación, Daniel Filmus, señaló la necesidad de “trabajar en forma mancomunada con el Congreso de la Nación desde una perspectiva federal y con el aporte de las empresas que, en este caso, es particularmente decisiva.”

Resaltó, además, que “no podemos tomar la legislación internacional sin aplicarla a nuestra realidad”. “Estamos acostumbrados a que, en nuestro país, vaya por un lado la legislación, y por otro la realidad. Por ello, las políticas en medio ambiente, y en este caso en relación a los residuos electrónicos, deben ser aplicables y estar por encima de los partidos de turno”, finalizó Filmus.

La situación en nuestro país

“Los argentinos estamos consumiendo cada vez más elementos que tienen que ver con la electrónica, que al final de su ciclo de vida útil, se convierten en basura electrónica y muchos de ellos en residuos peligrosos”, advirtió Picolotti, tras recordar que, actualmente, el país genera 2,5 kg anuales de RAEE por habitante frente a los 300 kg de residuos domiciliarios que se producen.

Sin embargo, a diferencia del resto de los residuos domésticos o de oficina, en los RAEE, además de materiales reciclables existe un 2% de componentes peligrosos regulados por Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051.

Así, según datos de la cartera a su cargo, a fines de 2008 los argentinos habremos generado -tras el aumento percibido en la venta de aparatos eléctricos y/o electrónicos-, más de 100.000 toneladas de residuos electrónicos que aún no encuentran una disposición final ambientalmente sustentable. Entre los de uso más frecuente, se encuentran tanto los equipos de informática y telecomunicaciones (IT), como los llamados de “línea blanca” (electrodomésticos), “línea gris” (equipos de audio y video) y “línea marrón” (televisores).

En relación con otros países, Argentina genera un bajo porcentaje de estos residuos, si se la compara con Suiza, con una tasa de 10 Kg./hab./año, o Estados Unidos con una generación de 6 Kg./hab./año. No obstante, esta cifra se encuentra en permanente crecimiento gracias al “abaratamiento de costos, la velocidad de recambio tecnológico y el diseño productivo que apunta al recambio de equipos, periféricos, además del acortamiento de la vida útil del material”, afirman expertos del organismo ambiental.

Aparatos que, durante su vida útil, no representan riesgo pero al ser desechados en basurales pueden liberarse, reaccionar con el agua o con la materia orgánica existente en los basurales y filtrar sus componentes tóxicos a través del suelo, hacia las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Debido a su carácter no biodegradable, estos desechos atentan contra el ambiente y la salud de los seres vivos. En este sentido, investigaciones científicas han demostrado que el plomo genera daños en los riñones, produce anemia y altera el sistema nervioso; entre otras patologías. El cadmio, en tanto, puede afectar diferentes órganos como el corazón, pulmones, riñones, y los huesos, por sólo mencionar algunos de los riesgos
En esta línea, cabe destacar que en el año 2003, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea autorizaron la Directiva 2002/95/CE sobre la restricción del uso de determinadas substancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos, exigiendo, para julio de 2006, que los fabricantes hayan reducido la utilización de seis substancias peligrosas hasta unos niveles mínimos aceptables.
En tanto, si la Argentina no comienza a restringir dichos contaminantes, estará inhabilitada para exportar equipos electrónicos o aparatos que los contengan, desde telefonía, electrodomésticos e informática hasta automotores.