El represor Antonio Bussi deberá permanecer "en el perímetro del inmueble" del country de Yerba Buena, por lo que tiene "prohibido efectuar paseos u otra actividad en espacios comunes", según lo reglamentó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Bussi, condenado a prisión perpetua por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, en 1976, cumplirá detención domiciliaria hasta que quede firme la sentencia.
Asimismo, los vocales Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi precisaron que "podrá recibir la visita, en cualquier momento, de profesionales de la salud, de sus abogados defensores, y de familiares directos".
No obstante, cualquier otra persona sólo podrá visitar a Bussi "los miércoles y domingos, de 12 a 18, y no se admiten más de cuatro personas conjuntamente", razón por la cual la guardia dispuesta en el domicilio "llevará un libro de registros, que consignará la hora y la fecha en que se produzcan".
Tras haber aclarado que el libro de registros será controlado semanalmente por el tribunal, los magistrados advirtieron que "la verificación del incumplimiento de alguna de las reglas producirá la revocación de la prisión preventiva bajo la modalidad de la detención domiciliaria".
Bussi continuará con prisión preventiva bajo detención domiciliaria, porque el Tribunal Oral decidió diferir para cuando la sentencia quede firme la determinación de la forma en que deberá cumplirse la pena impuesta en la sentencia, cuyos fundamentos fueron leídos ayer.
A diferencia de Bussi, Luciano Benjamín Menéndez fue trasladado hoy, a las 8.30, por vehículos del Servicio Penitenciario Federal a la cárcel de Bower, Córdoba, provincia donde el 23 de julio también lo condenaron a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos.

Tren incidentes

El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, reiteró hoy que el
militante del Partido Obrero (PO), José María Escobar, "estaba al frente" cuando se incendió un tren en la estación de Merlo y adelantó que presentará las filmaciones a la justicia.

Fernández, al ser consultado en radio América sobre Escobar, insistió que "estaba al frente en Merlo" y agregó que "tenemos las filmaciones del tema y haremos las presentaciones para que la justicia las evalúe".

El ministro precisó que "seguramente" las presentaciones ante la justicia se harán "en el día de la fecha".

Sobre los motivos que desencadenaron los incidentes opinó que "es el conflicto por el conflicto mismo, esa situación es un desquicio sin sentido".

Indicó que "en este caso no fue una casualidad, el tren fue roto y las fotos se las hemos dado a la prensa" y destacó que "la justicia será la que va a evaluar".

Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal consideraron que está acreditada la muerte de Guillermo Vargas Aignasse, al leer hoy los fundamentos del fallo que condenó a cadena perpetua a Antonio Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez.
Los ex represores fueron condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, decisión que se adoptó por primera vez en Tucumán.
El tribunal consideró acreditada la muerte de Vargas Aignasse debido a "las circunstancia del transcurso del tiempo, por más de 30 años, sin que se hayan tenido noticias de la víctima".
También consideró que "las torturas sufridas, el trato a los presos políticos en el penal y la situación de privación de libertad continuidad permitieron arribar al grado de certeza necesaria para tener probada su muerte, aunque ningún testigo haya presenciado la ejecución".
El tribunal recordó que "Bussi invocó a la Divina Providencia en sus declaraciones y sería una forma plausible de mostrar respeto haciendo saber el lugar donde fueron a para los restos de Vargas Aignasse".
"Eso no sólo contribuiría a pacificar los espíritus sino que permitiría su descanso en paz y el recuerdo de sus familiares", añadió.
El dictamen precisa que hubo varios delitos atribuibles a cada uno de los imputados, por lo que "corresponde aplicar las reglas del concurso real".
Esos delitos son: "violación de domicilio, privación ilegitima de libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio agravado por alevosía con el concurso premeditado de dos o tres participes y con el fin de lograr impunidad".
En todos los casos, el tribunal los calificó como delitos de lesa humanidad.
“La única figura que el tribunal no ha receptado está referida a la figura de genocidio", precisó.
También se destacó que "ha quedado probada la implementación de un plan sistemático que consistía en el secuestro, tortura, detención clandestina, eliminación, ocultamiento de un cadáver para lograr impunidad".
El acto demoró más de cinco horas, ya que pasadas las 11 Gabriel Casas, vocal del tribunal que presidió las audiencias de debate, comenzó a referirse a los fundamentos por los que, junto con Carlos Jiménez Montilla y con Josefina Curi, resolvió condenar a prisión perpetua a Bussi y a Menéndez por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.
Como el tribunal decidió postergar para cuando la sentencia quede firme y pueda ser ejecutada la determinación de la forma en que deberá cumplirse la pena impuesta, cada uno de los imputados continuará bajo prisión preventiva.
Dado que Bussi (por razones de salud y por su edad, 82 años) goza del régimen de la detención domiciliaria, seguirá alojado en un country de Yerba Buena, municipio ubicado a 10 kilómetros de la capital tucumana, aunque el fiscal general Alfredo Terraf anticipó que pedirá que esto sea revisado, para que pueda ir a una cárcel.
Mientras tanto, Menéndez será trasladado mañana al penal de Bower, Córdoba, provincia en la que el 23 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 lo condenó a prisión perpetua (también por violaciones a los derechos humanos), le revocó la detención domiciliaria de la que gozaba y ordenó su inmediato alojamiento en esa cárcel.
Los magistrados concluyeron que Bussi y Menéndez son coautores mediatos de los delitos de asociación ilícita; violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada; imposición de tormentos agravada, y homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más partícipes y con el fin de lograr impunidad, todos de lesa humanidad.
Antes de leer las razones de la condena impuesta a los ex represores, Casas explicó por qué el tribunal dispuso que se investigara penalmente a los testigos José Víctor Gerez, Carlos Décima, Roque Cabral y Raúl Molina por las supuestas contradicciones en que incurrieron cuando declararon durante el juicio, que comenzó el 5 de agosto.
Gerez y Décima se desempeñaron como guardiacárceles en Villa Urquiza, donde estuvo detenido Vargas Aignasse, mientras que Cabral actuó como juez de Instrucción Militar tras la vuelta de la democracia, cargo en el que contó con Molina como secretario.
Los jueces también justificaron por qué, en cambio, no corresponde que un fiscal federal de Instrucción investigue al ex sindicalista Juan Palavecino, quien relató que en abril de 1976 vio a Vargas Aignasse -con signos de haber sido torturado- en la Brigada de Investigaciones de la Policía.

Ante la decisión de la ministra de Defensa Nilda Garré para que las personas procesadas o condenadas no sean alojadas en dependencias de las Fuerzas Armadas, el juez Daniel Bejas resolverá dónde se alojará al represor cuando vuelva a declarar por las violaciones a los derechos humanos.
En este sentido el juez federal subrogante Bejas deberá decidir dónde será alojado Menéndez en el futuro cuando regrese a Tucumán a declarar en el centenar de causas en las que está imputado por violaciones a los derechos humanos.
Desde febrero de 2006, cuando estuvo por primera vez en Tucumán para declarar por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, Menéndez siempre se alojó en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, ubicados en las afueras de la capital tucumana.
En los ex arsenales Menéndez se encuentra desde el 1 de agosto, cuando fue trasladado desde Córdoba para afrontar el juicio oral por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, en 1976, en el que fue condenado a prisión perpetua junto con Antonio Bussi.
Hasta el jueves, cuando deberá comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal para escuchar los fundamentos de la sentencia, Menéndez permanecerá en los ex arsenales, pero el viernes será llevado por el Servicio Penitenciario Federal hasta la cárcel de Bower, en Córdoba.
El juez Bejas analiza si Menéndez, cuando deba regresar a Tucumán (está imputados en unas 500 causas), pernoctará en la alcaidía de los Tribunales Federales, o en alguna sede de la Policía Federal o de Gendarmería Nacional, según confiaron fuentes judiciales.
El magistrado también deberá resolver el lugar en el que cumplirá prisión preventiva Alberto Luis Cattáneo, segundo de Bussi en el Comando de la V Brigada de Infantería en 1976, que también está procesado y que cumple la orden de detención en los ex arsenales.
Hasta el momento, no hay dudas respecto de Bussi, quien pese a haber sido condenado a prisión perpetua, como el tribunal tucumano difirió la decisión acerca de dónde cumplirá la condena hasta que la sentencia quede firme, seguirá bajo detención domiciliaria por razones de edad (tiene 82 años) y por sus problemas de salud.
En Córdoba, Menéndez cumplirá la pena de prisión perpetua, que también le impuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de esa provincia por la desaparición de cuatro personas, en la cárcel de Bower.
Un problema similar a Bejas (a cargo del Juzgado Federal Nõ 1) tendrán los magistrados de Santiago del Estero, Catamarca y Salta que también citen a declarar al ex titular del III Cuerpo de Ejército teniendo en cuenta la orden de Garré, que ayer fue notificada oficialmente a los tribunales tucumanos.
La disposición de la ministra también prohíbe que personal de las Fuerzas Armadas traslade de una provincia a otra a procesados o condenados, razón por la que, a diferencia de lo que ocurrió hasta ahora, Menéndez será llevado a Córdoba en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal.
Menéndez tiene una larga vinculación con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad local, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.
Bussi encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977, período durante el que desapareció Vargas Aignasse, y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas.

Los militares procesados y condenados como Antonio Bussi y Luciano Menéndez "deben ir a una cárcel común", según dijo el fiscal Federal de Tucumán, Emilio Ferrer. Y recordó que existe una resolución dictada por la ministra de Defensa que ordena a las unidades castrenses a no usar sus dependencias para alojar a militares condenados.
"La resolución corresponde al año 2007 y nosotros hemos insistido en que los militares vayan a cárcel común", señaló Ferrer en declaraciones a la prensa.
"Para eso están los institutos penales y tenemos ejemplos lamentables como el caso de (Julián) Corres, quien se escapó desde una unidad policial (de Bahía Blanca), es decir que no estaba en un instituto penal como corresponde", insistió.
Ferrer, instructor final de la causa judicial que se llevó a cabo por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, confirmó que la próxima causa que se debatirá en el Tribunal Oral Federal de Tucumán será la denominada "Romero-Niklison" Allí se investiga la matanza de cinco personas a manos de un grupo de tareas en un domicilio particular de la zona de Villa Luján.
"Las pruebas que hemos reunido nos permiten decir que fue un homicidio premeditado y con alevosía", expresó.
Luego agregó: "hay signos de disparos en la nuca de todas las víctimas y no se puede hablar de un enfrentamiento".
Por ese caso están imputados Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército; Alberto Luis Cattáneo, número 2 de la Quinta Brigada; Roberto Albornoz, ex jefe de policía, y Mario Zimmerman, oficial de policía en los comienzos de la dictadura militar.
En cambio, no pudo incluirse en ese grupo a Bussi a raíz de los supuestos problemas de salud del ex militar.
"Durante la reciente audiencia de Vargas Aignasse quedó al descubierto que son chicanas que utiliza para evitar a la Justicia", sostuvo el fiscal federal.

Con motivo de conmemorarse el 30 de agosto el Día internacional del detenido desaparecido, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM Argentina) lo recordará con un acto muy emotivo, en el cual el maestro Miguel Ángel Estrella presentará el Proyecto de formación conjunta con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Fundación Música Esperanza, de la Casa/Escuela Social de Música Popular en el Espacio para la Memoria y para la Promoción de los Derechos Humanos.
“Nuestros pensamientos están con todas aquellas personas que fueron detenidas desaparecidas, plenas de vida y sueños, abnegadas pero optimistas, comprometidas con la justicia social y el bienestar popular. Fueron convertidas en víctimas del delito de lesa humanidad: la desaparición forzada por quienes oprimen al pueblo”, comunicaron desde FEDEFAM.
El acto se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16, el cual abrirán con palabras alusivas a esta fecha, el doctor Rodolfo Mattarolo y Marta O. de Vásquez.
"Los familiares, junto a nuestros seres queridos hemos transformado el dolor en una fuerza positiva de afirmación de vida, libertad, verdad y justicia social".

El ministro Aníbal Fernández destacó el fallo que ayer condenó a cadena perpetua a los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Dijo que a partir del 2003 hubo una nueva manera de ver los delitos de lesa humanidad que demostró que Kirchner “no dejó las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno”.
En ese sentido, rescató que el primer decreto de Kirchner fue relacionado con los represores de la década del 70, lo que rompió con la anterior manera de ver las cosas: “La que creyó que olvidándonos de todo se solucionaba”.
Dice que los actuales procesos no buscan “venganza, sino justicia” y que el Gobierno nacional no promueve “otras acciones que no sean las de la justicia”.
El ministro también se refirió a los hechos recientes en San Martín y dijo que el Gobierno nacional va “a participar activamente” en la solución de los mismos.
Además, destacó la colaboración que mantienen con el Gobierno provincial y que a partir de ello están viendo cómo ayudar.

Ambos represores fueron condenados ayer a prisión perpetua por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, en 1976. Tras conocerse la sentencia, se registraron incidentes cuando se dispuso que los ex militares no fueran trasladados a una cárcel común.

Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua e inabilitación absoluta y perpetua; por asociación ilícita; violación de domicilios y privación ilegítima de libertad; imposición de tormentos agravados; y homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado por la participación de dos o más personas con el fin de actuar con impunidad.

Los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, en cambio decidieron diferir el pronunciamiento sobre la forma de condena de prisión impuesta a los imputados, manteniéndose hasta esa instancia la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente que en el caso de Bussi es arresto domiciliario.

Esta situación causó malestar entre los manifestantes de derechos humanos que esperaban el fallo frente a la sede del Tribunal Federal Oral de Tucumán y que pretendían que se disponga el traslado de Bussi y de Menéndez al penal de Villa Urquiza para que cumplan la condena junto con presos comunes.

A raíz de los incidentes, al menos dos gendarmes sufrieron heridas y varios manifestantes las consecuencias de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad para tratar de controlar la situación, mientras que varios comercios y viviendas vecinas resultaron dañadas.

El tribunal, además, hizo lugar a los pedidos efectuados por el fiscal Alfredo Terraf y solicitó que se abra una investigación contra los testigos Roque Ramón Cabral y Raúl Ildefonso Molina por la presunta falsificación de instrumentos públicos, y contra José Víctor Jerez y Carlos Décima, por falso testimonio.

Durante la mañana, los represores defendieron su proceder durante los años ’70 y reiteraron que la Argentina "padecía una guerra", al hablar antes de escuchar la sentencia del juicio oral.

El primero en exponer fue Bussi, quien, dirigiéndose a los miembros del Tribunal aseguró: "Pese a no ser mis jueces naturales, tienen el honor de ser magistrados del lugar que fue cuna de la independencia y sepulcro de la subversión marxista-leninista".

"Junto a soldados combativos, derrotamos en la Sierra Maestra argentina la agresión que perseguía convertir al país en un satélite soviético.

Me siento un perseguido político de los derrotados de ayer en un combate justo", aseveró Bussi. Respecto de Vargas Aignasse, Bussi insistió en que nunca lo vio y volvió a aventar la tesis de que cuando el ex senador, el 5 de abril de 1976, era trasladado a su domicilio para ser puesto en libertad, fue secuestrado "por parte de aquellos a los que había delatado" en la cárcel de Villa Urquiza y agregó que "esa metodología era propia de los montoneros para los delatores".

Bussi reconoció que el 24 de marzo de 1976, día en que fue detenido Vargas Aignasse, recibió de la Junta de Comandantes "una orden de carácter inexcusable e insoslayable, pormenorizada hasta en sus menores detalles, que estaba destinada a prevenir cualquier tipo de reacción inmediata por parte de potenciales opositores, para consolidar a la junta en el ejercicio del poder político de la nación".

Seguidamente, habló Menéndez, que no se detuvo en ningún detalle de la causa y que se limitó a manifestar que, desde 1960, la Argentina "padece las consecuencias de la peor de las guerras, la silenciosa, la revolucionaria, que es global, inexorable y permanente".

"La Argentina ostenta el dudoso mérito de ser el primer país en la historia que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden y para sus compatriotas. Pero, como lo hizo recientemente un oficial uruguayo, con patético dolor, podemos preguntarnos: ’¿para quién ganamos la batalla?", preguntó.

El fiscal Terraf había solicitado que los represores fuesen condenados a prisión perpetua por haber formado parte de una tiranía que, tras el golpe de Estado de 1976, se dedicó a aniquilar a quienes pensaban diferente.

"La Argentina padeció una tiranía, que implementó un plan organizado de terror, que tenía por objetivo eliminar al que pensaba distinto de quienes ejercían el poder. Bastaba con la simple disidencia de pensamiento, no de acción, para ser víctima del terrorismo genocida", aseveró Terraf.

Al formular sus alegatos en el juicio oral por la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976, el fiscal requirió que los militares retirados cumplan la pena en la cárcel de Villa Urquiza, para lo cual deberían ser revocadas las detenciones domiciliarias de la que gozan en la causa.

Menéndez tiene una larga vinculación con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad local, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.

Bussi encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977, período durante el que desapareció Vargas Aignasse, y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas.

A pesar del fallo, la situación judicial de Bussi y Menéndez no termina ahora, porque ambos están imputados en otras 600 causas por violaciones a los derechos humanos.

Ambos represores fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, en 1976. Tras conocerse la sentencia, se registraron incidentes en los alrededores de los Tribunales.
Manifestantes de partidos de izquierda voltearon las vallas que rodeaban los Tribunales donde fueron condenados a prisión perpetua los represores Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi y arrojaron piedras contra los efectivos de Gendarmería, que respondieron lanzando gases lacrimógenos.

Alfredo Terraf solicitó ayer que los represores sean condenados a cadena perpetua por haber "formado parte de una tiranía que, tras el golpe de Estado de 1976, se dedicó a aniquilar a quienes pensaban diferente".

"La Argentina padeció una tiranía, que implementó un plan organizado de terror, que tenía por objetivo eliminar al que pensaba distinto de quienes ejercían el poder. Bastaba con la simple disidencia de pensamiento, no de acción, para ser víctima del terrorismo genocida", aseveró Terraf.

Al formular su alegato en el juicio por la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976, el fiscal pidió que los militares cumplan la pena en la cárcel de Villa Urquiza.

Lo que le pasó a Vargas Aignasse, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, "no fue un hecho aislado ni algo que sucedió por casualidad, sino que fue consecuencia de un plan tenebrosamente planificado, que tenía por fin el aniquilamiento del pensamiento e instaurar una tiranía para todos los tiempos", recalcó el fiscal.

Insistió en que, por ello, "actuaron de noche, encapuchados, secuestraron a embarazadas y cambiaron de lugar el hogar de cientos de niños, porque desde la impudicia del poder creyeron que nunca el juicio de la historia les iba a llegar, dado eran tan omnipotentes que nadie podía sentarlos en el banquillo de los acusados".

Terraf refutó la tesis sostenida por Bussi y Menéndez de que en la Argentina, durante los ’70, hubo una guerra, ya que "ni el Congreso durante el gobierno de la derrocada presidenta Estela Martínez de Perón ni posteriormente los propios militares declararon tal estado de cosa".

"Nadie puede liberar la Patria asesinando a sus compatriotas. ¿De qué guerra me hablan?, ¿Qué ejército tenía Vargas Aignasse en su casa, donde sólo había pañales y chupetes de sus cuatro hijos? Si hubo una guerra, ¿dónde están los cuerpos de Angel Gerardo Pisarello, de José Chebaia o del docente Francisco Isauro Martínez?, todos desaparecidos", inquirió el fiscal.

Durante su alegato de casi tres horas y tras haber subrayado que "en Tucumán no volaba ni un pájaro sin que lo supieran Bussi y Menéndez", el fiscal retrucó la tesis, sostenida por Bussi, de que la Junta de Comandantes libró una orden precisa de las personas que debían ser detenidas -por ser opositoras- tras el golpe de Estado.

"Es posible pensar que (Jorge) Videla, (Emilio) Massera y (Orlando) Agosti confeccionaban la lista de los que debían desaparecer en Resistencia, en Tucumán o en Tierra del Fuego? A eso lo decidían en cada lugar. Es de sentido común y, además, lo confirmó Eduardo Cattáneo, que era el segundo de Bussi en el Comando de la V Brigada de Infantería", destacó Terraf.

El mejor testigo de cargo que tuvo, según el fiscal, es el propio Bussi, al haber admitido en su declaración del 8 de agosto que "para capturar personas no necesitaba orden de allanamiento ni informarle sobre el hecho a un juez, porque tenía la suma del poder" y porque "en la provincia funcionaban cientos de centros de detención, donde grupos de tareas interrogaban".

Terraf también aseveró que "hay que tener un ser diferente al de la especie humana para torturar a otra persona", lo que configura a este delito "en uno de los más aberrante", y varios testigos que pasaron por la cárcel de Villa Urquiza recordaron "los ayes de dolor de Vargas Aignasse, un hombre fracturado y picaneado también en la lengua y en los genitales".

El fiscal, que calificó de miserables "a quienes picanean en la cárcel, y luego van a misa, rezan, le piden a Dios y se golpean el pecho", insistió en que la desaparición forzadas y sistemática de personas es otro delito que "ofende a la humanidad".

Finalmente, el fiscal calificó de "pantomima" la tesis sostenida por la defensa de Bussi, según la cual Vargas Aignasse fue secuestrado por desconocidos -presuntamente pertenecientes a grupos de izquierda- el 5 de abril de 1976, cuando era trasladado a su domicilio desde la cárcel de Villa Urquiza, supuestamente para ser puesto en libertad.

El fiscal concluyó que Bussi y Menéndez son coautores mediatos de los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita, en concurso real con el delito de genocidio, previsto por el Derecho Internacional.

Menéndez tiene una larga vinculación con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad local, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.

Bussi encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977, período durante el que desapareció Vargas Aignasse, y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas.

Fuente: Télam

El fiscal federal Alfredo Terraf pidió hoy que los ex represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez sean condenados a prisión perpetua y que cumplan dicha pena en la cárcel de Villa Urquiza de Tucumán.
Durante casi tres horas de alegato, Terraf aseveró que los represores son, en perjuicio del ex senador Guillermo Vargas Aignasse (desaparecido en 1976), "autores mediatos de los delitos de homicidio calificado, violación de domicilio, aplicación de tormentos reiterados y homicidio calificado, en concurso real, siendo todos delitos de lesa humanidad".
Terraf aseguró que Bussi y Menéndez "cometieron delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, cuando persiguieron a personas por sus ideas".
"Los crímenes contra la humanidad lastiman, injurian y agravian a la humanidad toda. El sujeto activo es el funcionario del Estado que los concreta y la víctima, la población civil", aseveró Terraf durante su alegato en el juicio oral contra los represores.

Pedro Dinani, abogado querellante en el juicio de la Mansión Seré, lamentó que el juicio que comenzó ayer no sea televisado y argumentó que “estamos hablando de delitos de lesa humanidad y la comunidad toda tiene derecho a saber como se resuelve”.

Recordemos que la Mansión Seré formaba parte de un predio de 56 hectáreas ubicado al límite entre Castelar e Ituzaingó y en 1949 fue vendida a la ciudad de Buenos Aires y funcionó como un centro clandestino desde fines de 1976 al 1978.

El juicio a dos brigadieres y un teniente coronel acusados de secuestros, tormentos y homicidios, comenzó ayer en el Tribunal Oral Federal 5 de Morón.

Dinani explicó que “en la audiencia inaugural de ayer se leyó la acusación contra los brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes, ex jefes de las brigadas aéreas de Palomar y Morón, y el teniente coronel Alberto Pedro Barda, que comandó el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (GADA 601) de Mar del Plata”.

A los jefes aeronáuticos se les imputa once privaciones ilegales de libertad y tormentos a prisioneros en el centro de detención ilegal de la Mansión Seré, en Morón, delitos pasibles de 25 años de prisión, y Barda será juzgado acusado por el asesinato de Analía Delfina Magliaro y Jorge Candeloro y recibiría perpetua.

La justicia federal de La Plata rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa del ex capellán de la Policía Bonaerense, quien fue condenado a reclusión perpetua por homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad durante la última dictadura militar.

La medida la adoptó el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata al no hacer lugar a un planteo de la defensa del sacerdote que pidió su detención domiciliaria por haber cumplido 70 años.

Para denegar ese beneficio se tuvo en cuenta "la gravedad de los delitos cometidos y los medios empleados al valerse de su condición de sacerdote de la Iglesia Católica".

El ministro de Justicia destacó la importancia de reconstruir lo que sucedió durante los 23 días en que el represor se mantuvo prófugo de la Justicia. Además, confirmó que el detenido ya se encuentra en el penal de Marcos Paz.

"Tenemos que tratar de componer una historia no sólo por un tema anecdótico, sino para saber quiénes han colaborado en ese derrotero", afirmó Fernandez, quien confirmó que el represor que se fugó el 26 de julio de la delegación bahiense de la Policía Federal se encontraba hoy detenido en el penal de Marcos Paz.

Aunque se excusó de brindar detalles debido al secreto de sumario que rige en la causa, en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Del Plata, el ministro señaló que "en líneas generales ya fue trazado" el escenario que dio lugar a la fuga.

Sin embargo, señaló que "también importa qué pasó estos días" en que Corres pudo mantenerse prófugo luego de su fuga de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca el 26 de julio.

De hecho, Aníbal Fernández sostuvo que es fruto de "esta otra investigación que permitió su detención" ayer en la localidad santafesina de Villa Constitución determinar "quiénes han colaborado para que pudiera estar estos días" evadido de la Justicia.

Explicó que la detención del represor en la casa de su madre fue posible gracias a la intervención de Interpol que -según explicó- "es un departamento dentro de la Policía Federal, dentro del cual hay un área específica que se llama Investigaciones Federales de Fugitivos, que actuó puntualmente para localizarlo".

También, consignó que no llegaron a dar con el paradero de Corres por algún informante -el gobierno nacional había ofrecido una recompensa a quien acercara datos que posibilitaran la recaptura de Corres-, sino por la investigación policial.

Por otro lado, el funcionario reiteró que en la fuga de Corres "hubo una gran desidia o connivencia" de "hombres de la institución" (en referencia a la Policía Federal) y sostuvo que, de hecho, "hay once personas de la cúpula de esa delegación que fueron desplazados y que están siendo fruto de un análisis judicial y algunos de ellos están detenidos actualmente".

Fuente: Télam

Neuquén

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

(INADI), María José Lubertino, destacó los resultados del programa contra la discriminación por género que se desarrolla en todo el país, al participar del cierre del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Neuquen.

La titular del Inadi acompañó a una delegación de ese organismo que asistió al 23 Encuentro Nacional de Mujeres que reunió a diez mil participantes de distintas provincias.

"Hemos estado trabajando en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán y en el distrito porteño con el programa "Consenso de Estado contra la Discriminación por Género" con gran éxito y repercusión", señaló.

Dijo que "lo estamos haciendo en un marco de articulación y diálogo entre las organizaciones de mujeres y los municipios y esto ha permitido que se integren y que se revisen las políticas públicas en lo referido a salud, seguridad y educación".

Lubertino recordó que desde el INADI impulsan la sanción de una ley de erradicación de la violencia sexual para prevenir, eliminar y castigar estos hechos.

Al mismo tiempo, precisó que se trabaja en una ley de licencia por paternidad "para compartir responsabilidades domésticas entre varones y mujeres".

La funcionaria nacional destacó que "desde la Red de Empresas contra la Discriminación estamos promoviendo un sello de equidad de género para certificar a las empresas que la fomentan".

Desde el organismo que preside se realiza un monitoreo del cumplimiento de ley de salud reproductiva y la entrega de anticonceptivos en todas las provincias.

Organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales marcharon en La Plata para reclamar la aparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio que condenó al represor Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad y que está desaparecido desde hace 23 meses.
López, un albañil de Los Hornos, desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando debía presentarse en la audiencia de alegatos en el juicio contra Etchecolatz, en el que se convirtió en un testigo clave al identificar al represor como uno de los que lo torturó mientras estuvo detenido durante la última dictadura militar.
Tal como hacen todos los 18, la columna se concentró en Plaza Italia y desde allí marcharon hasta Plaza San Martín, frente a la gobernación provincial bajo la consigna "aparición con vida, juicio y castigo a todos los responsables de su secuestro".
La causa por la desaparición de López, quien fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, no ha tenido hasta el momento detenidos ni procesados.
En cambio, en la causa paralela que se abrió a pedido del fiscal Sergio Franco para que fueran indagados una veintena de agentes del Servicio Penitenciario Federal, el juez Arnaldo Corazza dictó la falta de mérito.
En el expediente, Franco pedía la indagatoria por presuntas maniobras de entorpecimiento en la investigación.
Guadalupe Godoy, defensora de López en el juicio, explicó hoy que evalúa hacer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos "por denegación de justicia".
Además cuestionó que la causa por la desaparición de López "no tenga ningún tipo de avances" y aseguró que "no se investiga la pista que pedimos los querellantes que es la de investigar a miembros de fuerza de seguridad".

Ricardo Vargas Aignasse, hermano del ex senador tucumano desaparecido en 1976, dará su testimonio en la continuidad del juicio oral que se le lleva adelante a Antonio Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez por violaciones a los derechos humanos.
El ex diputado nacional justicialista participó activamente en la búsqueda de su hermano Guillermo Vargas Aiganasse, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar. Además, fue uno de los que impulsó la denuncia judicial para que se determine el paradero de su hermano.
El juicio se reanudará mañana a las 9:30, tras el cuarto intermedio dispuesto por el Tribunal Oral en los Criminal Federal la semana pasada, y está programada la última jornada de declaraciones.
Luego del testimonio de Ricardo Vargas Aignasse declararán los testigos ofrecidos por los abogados de Antonio Domingo Bussi, la defensora oficial Amalina Assaf, y de Luciano Benjamín Menéndez, el penalista Horacio Guerineau. Se trata de Juan Palavecino (ex sindicalista que estuvo preso en el penal de Villa Urquiza); Jesús Curretti (propietario de la camioneta que habría sido usada para secuestrar a Vargas Aignasse según la hipótesis de Bussi y de Menéndez) y Ernesto Chávez (militar retirado que integraba la división Inteligencia y actual pareja de Marta Cárdenas, esposa del desaparecido).
Completada la ronda de testimonio, el miércoles se leerán documentos, actas, declaraciones de fallecidos y otros escritos para incorporarlos formalmente a la causa. A Bussi y a Menéndez se los juzga por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, hecho ocurrido en los primeros días de abril de 1976.
A partir de esa fecha, las idas y las vueltas signaron la investigación judicial sobre su secuestro y su desaparición. Vargas Aignasse resultó electo en 1973 por el Frejuli y tenía 35 años cuando fue detenido.
A los dos represores se les imputó la coautoría mediata de los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada; aplicación de tormentos reiterados; homicidio calificado y asociación ilícita en concurso real con el delito de genocidio previsto por el Derecho Internacional.

Claudio Luciani, periodista de canal 7 de Bahía Blanca, informó en una cobertura especial para la emisión radial de NCO, “Desde la Redacción”, que el represor Julián Oscar "Laucha" Corres, que se había fugado de una comisaría de la ciudad de Bahía Blanca el 27 de julio último, “fue capturado en la localidad santafesina de Villa Constitución”.
El periodista informó que el represor “fue apresado en un operativo conjunto realizado hoy entre la policía, la policía aeroportuaria e INTERPOL” y aclaró que “aún no tenemos demasiados detalles de cómo fue el procedimiento. Necesitamos más noticias, pero en principio había distintos aspectos en su apariencia física".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó así la presentación que realizó el Estado por el caso del adolescente torturado y asesinado, en una comisaría en abril de 1991. La representante ante el organismo internacional, Andrea Gualde, dijo además la CIDH celebró la “transparencia” argentina.
El alegato fue un balance de lo hecho para cumplir con lo dispuesto por el organismo, a partir del momento en que Argentina reconoció la responsabilidad por la muerte de Walter Bulacio.
"No negamos lo que no se debe negar, lo que no se pudo cumplir y dijimos que veníamos a hacer una presentación, no a ganar tiempo", explicó la representante ante el organismo internacional.
El Estado argentino cumplió una serie de puntos fijados por la CIDH, aunque todavía no consiguió hacerlo con todos.
Según Gualde, los puntos en los que la Argentina cumplió fue en el reconocimiento del Estado en 2003 sobre el exceso cometido con el adolescente, el pago de la indemnización impuesta por la CIDH en beneficio de la familia y la publicación del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el caso.
Se cumplió además con el dictado por parte de la Corte Suprema de un fallo de imprescriptibilidad del caso, paso esencial para seguir la investigación y, por último, con la continuación del sumario interno en la Policía Federal para sancionar al responsable de la tortura y muerte de Walter.
El informe de Gualde ante la CIDH aceptó que hay dos puntos en los que el Estado aún no avanzó, como es la obligación de sancionar a los autores del crimen y la adecuación de la normativa nacional para que no vuelva a suceder un hecho similar.
"La adecuación de la normativa se refiere a que no se puede detener a un menor sin una orden judicial y sin que hubiera cometido delito alguno", reconoció Gualde.
La abogada, quien es integrante de la Secretaría de Derechos Humanos, manifestó que si bien "el reconocimiento de la responsabilidad del delito contra Bulacio se hizo durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el cumplimiento de lo fijado por CIDH se hizo bajo la presidencia de Néstor Kirchner".
"Por supuesto, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se continúa con el cabal cumplimiento de lo prescripto por la CIDH y en línea con la política de Derechos Humanos del Gobierno nacional", fundamentó.

El ex comisario Rodolfo Almirón, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos por la banda de ultraderecha "Triple A", continuará detenido en una prisión común por decisión de la Cámara Federal, que rechazó su excarcelación por entender que intentaría "eludir la acción de la Justicia".
En una resolución dictada durante la feria judicial que finalizó el lunes, los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah ratificaron que Almirón deberá seguir detenido en la cárcel de Marcos Paz, donde fue trasladado el 25 de julio último, cuando le fue revocado el beneficio de prisión domiciliaria.
El ex integrante de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) "intentará eludir la acción de la justicia y entorpecer el curso de la investigación en caso de recuperar su libertad", argumentó el camarista Freiler al recordar el carácter de los delitos que se le imputan al acusado.
"El alcance de las políticas planificadas" y la "entidad y naturaleza" de los actos de esa organización "convierten las conductas investigadas en delitos de lesa humanidad, sin importar el telón de fondo de un gobierno ’de iure’ (de Derecho) sumido en una crisis en la racionalidad formal del Estado burocrático como tipo ideal", sostuvo el magistrado.
Almirón había sido procesado el 23 de enero de 1984, pese a lo cual "construyó su vida en España desde hace más de tres décadas, lugar donde aún vive su esposa de nacionalidad española", recordó Freiler, quien puntualizó que, pese al tiempo transcurrido, el ex jefe de la custodia de José López Rega nunca intentó "regularizar su situación procesal".
Esto llevó al magistrado a sostener la "ausencia de compromiso de su parte a estar a derecho y contribuir con el avance de la causa", al tiempo que puntualizó que "debe ponerse principal atención en las nuevas proyecciones que surgieron de la investigación a raíz de la reapertura del sumario, sobre las cuales aún no se han colectado todas las pruebas trascendentes".
El 26 de enero de 2007, el juez federal Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva de Almirón, con fines de extradición, la que se concretó desde España el 19 de marzo último, ocasión en la que el imputado fue sometido a una serie de exámenes en el Cuerpo Médico Forense que finalmente determinaron que está en condiciones de afrontar una causa judicial.
El 25 de julio último, la misma Sala, por el voto de Freiler y Horacio Cattani y la disidencia de Farah dejó sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía Almirón y dispuso que fuese derivado a la cárcel de Marcos Paz hasta tanto se defina su situación en la causa.
En su oportunidad, Oyarbide, pese a la opinión en contrario del fiscal Eduardo Taiano, había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe de la "Triple A" debido a su delicado estado de salud, pero la Cámara lo envió a una cárcel común y ahora le denegó la excarcelación.
En la causa, que tramita por el viejo código penal, Almirón está imputado como miembro de una asociación ilícita y por diversos delitos cometidos entre 1973 y 1975 a través de esa organización comandada por López Rega, entre ellos los homicidios del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, de Alfredo Curutchet, Julio Troxler y Silvio Frondizi, entre otros.