Ese día, el tribunal resolverá los pedidos de nulidad del proceso formulado por la defensa. Los acusados alegan que la causa está prescripta y que no hay pruebas irrefutables, lo que fue negado por la querella. En tanto, el juzgamiento del ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides fue pospuesto por razones de salud.

El juicio que le sigue en Corrientes a cinco ex militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, continuará el próximo martes, cuando el tribunal resuelva sobre los pedidos de nulidad del proceso formulados por los abogados defensores.

Este jueves los jueces escucharon las posiciones de los cinco abogados de la parte querellante, quienes rechazaron los argumentos esgrimidos por los defensores y recalcaron que ese mismo planteo fue formulado ante el tribunal con anterioridad y fue rechazado, tras lo cual se decidió el cuarto intermedio hasta el martes a las 10.

Los querellantes sostuvieron este jueves que se respetaron los tiempos en la elevación a juicio de la causa, y también de la etapa de instrucción, y que las acusaciones están respaldadas por pruebas irrefutables.

Este jueves por la tarde, las defensas de los seis militares solicitaron la nulidad del proceso por entender que no existe "probatoria de eliminación física" y que "la causa debió prescribir por dilapidación en el tiempo de la etapa introductoria", al tiempo que indicaron que "la querella presenta fallas técnicas en la redacción de su fundamentación".

Este jueves la querella y la Comisión Provincial de Derechos Humanos respondieron a ese planteo, en particular al realizado por el abogado Jorge Buompadre, defensor del ex capitán del ejército, Juan Carlos Demarchi, quien sostuvo que no se respetaron los tiempos en la elevación a juicio de la causa y que en la querella no existe una descripción clara de los hechos y que solo hay "afirmaciones genéricas y dogmáticas".

El abogado de la familia Artieda, Ramón Leguizamón, replicó que "los plazos judiciales están dentro de los parámetros previstos y que existen pruebas sobradas a través de testimonios en la causa".

Y respecto al argumento presentado por la defensa en cuanto a que no se sabe estrictamente quiénes son las víctimas, los querellantes citaron las desapariciones de Rómulo Artieda, cuyo cuerpo fuera encontrado enterrado como NN en un cementerio de la localidad de Empedrado, y de Ramón Vargas entre otros jóvenes correntinos.

También se respondió al planteo de los defensores en cuanto a que la causa se encontraba prescripta, señalando que por ser de delitos de lesa humanidad "no pueden prescribir".

Finalmente, se refutó el argumento de que no se haya podido ejercer el derecho de defensa por la lejanía de los lugares de detención, primero en Chaco y luego Buenos Aires, respecto a la radicación de los abogados.

"Existen pruebas contundentes de los contactos permanentes que los acusados mantenían con sus abogados", sostuvo el abogado querellante Diego Vigay.

El martes el Tribunal Oral Federal deberá decidir sobre los planteos formulados por los defensores. En ese sentido, podrá resolver la cuestión en ese mismo momento o derivarla para el final del juicio.

Los militares acusados son el ex capitán Juan Carlos De Marchi, los tenientes coroneles Julio Rafael Barreiro y Horacio Losito, el ex comandante de Gendarmería Nacional Raúl Alfredo Reynoso y el ex suboficial de esa fuerza Carlos Piriz.

También forma parte de este grupo el ex Jefe del Ejército, general Cristino Nicolaides, pero su juzgamiento fue pospuesto debido a que se encuentra internado en Córdoba en delicado estado de salud.

Los pedidos de elevación a juicio consideraron a Nicolaides y a Demarchi como jefes de una asociación ilícita, ya que ambos -puntualizó el fiscal- eran quienes tenían poder de decisión y daban las órdenes.

A Demarchi, ex capitán, teniente primero en 1976, se lo señala como un oficial "con capacidad de decisión que dirigía e impartía las órdenes y comandaba las torturas".

A Losito, Barreiro, Reynoso y Piriz, en tanto, se los señaló sin capacidad de decisión, pero se aseguró que "eran simples participantes" de la asociación ilícita que cometió los delitos de los que se les acusa en el Regimiento de Infantería 9, en dependencias del Cuartel de Santa Catalina, en la Jefatura de Policía de Corrientes y en la Brigada de Investigaciones de esta misma fuerza entre principios de 1976 y fines del 77.