Tras la confirmación de Venezuela de que tiene la ubicación de los secuestrados, el gobierno de Colombia otorgó todas las garantías de que no realizará operaciones en la zona y dio vía libre a la entrega. Se prevé que el mecanismo será similar al utilizado en enero, cuando la guerrilla liberó a Clara Rojas y a Consuelo González. Podría concretarse hoy.

Las operaciones para liberar a cuatro ex legisladores rehenes de las FARC comenzarían este miércoles, a la luz de las garantías que el gobierno de Colombia otorgó de que no habrá operativos militares y de la confirmación de Venezuela de que tiene la ubicación de los secuestrados.

Para la operación se prevé la cooperación de la Cruz Roja Internacional y el armado de un mecanismo muy similar al utilizado en enero cuando la guerrilla liberó a la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas y a la ex legisladora Consuelo González.

El ministro venezolano del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, que encabezó aquel operativo, ratificó que tiene las coordenadas del sitio donde las FARC entregarán a Gloria Polanco, Orlando Cuéllar, Eladio Pérez y Jorge Géchem.

Se supo que por un pedido expreso de la guerrilla, los integrantes de la Cruz Roja sabrán las coordenadas únicamente cuando ya estén en vuelo, aunque antes de partir se entregará a la institución un sobre sellado con los datos, para atender eventuales imprevistos.

El diario bogotano El Tiempo citó este martes declaraciones de Rodríguez Chacín, que dejó en claro que la Cruz Roja es "garante de esta operación, porque se va a volar bajo su égida".

La desconfianza para entregar información, según el ministro, se debe a que las FARC aseguran que en este momento hay un operativo con más de 18 mil efectivos de las Fuerzas Armadas colombianas en la zona que podría poner en peligro las vidas de los cuatro ex congresistas.

Según el matutino bogotano, tres de los ex congresistas que van camino a la libertad (Géchem, Polanco y Beltrán) salieron juntos de un campamento de las selvas del Guaviare, mientras que Pérez habría salido de otro campamento, localizado a orillas del río Apaporis, entre Guaviare y Vaupés.

Sesenta hombres de las FARC serían parte del anillo de seguridad que acompaña a los secuestrados.

Para alimentar las expectativas de que este miércoles se haga el operativo, el gobierno del presidente Alvaro Uribe le renovó a Caracas la autorización para el rescate, en una carta que el canciller Fernando Araújo le envió a su par Nicolás Maduro.

La predisposición del Ejecutivo colombiano ya había sido adelantada ayer por el vicepresidente Francisco Santos, quien raatificó el compromiso de garantizar el éxito de la operación.

"El presidente ha dicho claramente que estamos dispuestos a hacer una operación idéntica a la que se hizo con las primeras liberaciones. Aquí no tiene por qué ser distinto y el presidente ha dado las instrucciones de parar los operativos (militares)", dijo Santos.

Por su lado, el comandante del Ejército colombiano, general Mario Montoya, afirmó que sus hombres no interferirán en la entrega de los cuatro rehenes y que para ello se decidió un área de seguridad de 30 millas a la redonda del punto donde sean liberados los políticos, al parecer en la zona de Tomachipán, en el sureño departamento de Guaviare.

La liberación de los cuatro ex legisladores fue anunciada a principios de febrero, como otro gesto unilateral de la guerrilla en reconocimiento a las gestiones de Hugo Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba, pero también por las malas condiciones de salud de los rehenes.

En Caracas, en tanto, se mantienen a la espera de los familiares de los cuatro retenidos.

Colombia hizo saber que desde hace varios días conoce la ubicación de los cuatro rehenes que serán liberados, pero que no se sabe dónde están las demás personas secuestradas.

Desde hace años, las FARC le plantean al gobierno un canje de más de 40 rehenes -entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y varios políticos, militares y policías- por al menos 500 guerrilleros presos, pero las partes no llegaron nunca a un acuerdo.

La principal traba para ese paso es la pretensión de las FARC de que se despeje de militares dos municipios sureños (Florida y Pradera), una aspiración a la que el gobierno de Uribe se opone, pese a la presión internacional y de los familiares de los secuestrados.

Fuente: Télam