El presidente de Bolivia dijo ayer que "la elite" de esa prefectura no quiere la autonomía "sino voltear” al gobierno con apoyo de Estados Unidos, mientras el grupo de países del ALBA respaldó al mandatario ante el intento de secesión y la OEA advirtió que el conflicto puede terminar en "violencia y muerte".

"Lo que quiere Santa Cruz no es la autonomía, sino voltear a Evo Morales", afirmó el mandatario en Washington, donde Morales participó del VII Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas (ONU).

Morales calificó de "ilegal" el referendo autonómico de Santa Cruz previsto para el 4 de mayo y señaló que la consulta "no tiene ningún efecto jurídico ni aplicabilidad" y dijo que el "jefe de la conspiración" es el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, según una entrevista que reprodujo el diario cochabambino Los Tiempos.

"Hay una intromisión abierta y descarada de Estados Unidos a través de su embajador. Mediante la USAID (una agencia de cooperación) alienta a la oposición y sobre todo los ataques al Gobierno", apuntó.

Desde Caracas, donde participa de la cumbre del ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas), Morales desafió este miércoles al embajador de Washington en La Paz que rompa su "silencio" sobre el referendo autonómico cruceño.

"Raro que el único que no dice nada es el embajador de Estados Unidos; quiero pedirle, si el embajador respeta las normas y la unidad de Bolivia, que diga algo; o finalmente que diga si quiere perjudicar a Evo Morales o dividir Bolivia, pero que lo diga de frente", enfatizó el mandatario, citado por el diario digital Erbol.

Por otra parte, el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, leyó hoy en Caracas la declaración de la cumbre del ALBA de solidaridad con el gobierno boliviano, organización que integran además Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

"Ratificamos el rechazo a los planes de desestabilización que buscan vulnerar la paz y la unidad de Bolivia, (y nos sumamos) a la denuncia internacional contra el intento separatista que se fragua a través de un pretendido referendo convocado en franca violación de la constitución y las leyes bolivianas", señala el documento.

En tanto, el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Dante Caputo, advirtió este miércoles que el enfrentamiento entre el gobierno central de Bolivia y los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, podría terminar en "violencia" y "muerte".

Sostuvo, en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, que "la posibilidad de que la tensión se convierta en conflicto y enfrentamiento es cierta".

Caputo afirmó, citado por la agencia alemana de noticias DPA, que Morales aceptó la oferta de la OEA de sentarse a negociar una solución a las diferencias "antes" del 4 de mayo, fecha del referendo autonómico de Santa Cruz, "pero los prefectos no contestaron aún", porque "desean sentarse a negociar con el respaldo popular que les otorgará un referendo".

El problema, señaló el ex canciller argentino que "eso podría derivar en la violencia. Estamos hablando de vidas humanas que pueden ser el costo de una maniobra política más o menos inteligente" y pidió una solución antes de que quede sólo "llorar".

En Bolivia, simultáneamente, los vocales de la Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz, fueron acusados judicialmente de "sedición y desacato" por dirigentes afines a Morales del Comité Cívico de San Julián, población que está al este de Santa Cruz.

Sustentan su demanda en que el estatuto cruceño fue elaborado sin participación popular y a pesar de las resoluciones de la Corte Nacional Electoral (CNE) que suspendieron el 7 de marzo un referendo convocado por el Congreso Nacional para aprobar la nueva Constitución boliviana y el estatuto autonómico de Santa Cruz.

Por otra parte, diferentes sectores sociales apoyaron, por separado, la decisión de la Corte Departamental Electoral (CDE) que decidió "no sancionar a las personas que no voten en la consulta autonómica de este 4 de mayo", pese a que votar es obligatorio en Bolivia.

El secretario nacional de los Jubilados Rentistas, Julio García, aplaudió esa decisión y la calificó de "atinada, porque no obligará a votar en una consulta ilegal", dijo a la Agencia Boliviana de Informaciones (ABI).

Por su parte, el dirigente de la Federación Nacional de Maestros Urbanos, Federico Pinaya, también saludó la decisión de la CDE, porque evita "someterse a ese capricho de pocos con un gran poder económico".

Una postura similar expresó el secretario de finanzas de la Central Obrera Boliviana (COB), quien pidió a los prefectos de la denomianda "media luna" que dejen "sus intenciones divisionistas camufladas en una supuesta defensa de la democracia".

Fuente: Télam