El secretario de la CGT estará al frente de la movilización convocada para hoy a la sede comunal contra la decisión de Marcri de dar de baja más de 2.000 contratos y por la intervención de la obra social. Ayer, los empleados agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad cumplieron un paro.

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, junto al Consejo Directivo de la central obrera, encabezará este viernes la protesta contra la decisión del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de intervenir la obra social de los municipales, mientras siguen los repudios a la decisión tomada por el macrismo.

Alejandro Amor, secretario gremial del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), adelantó el jueves a Télam que Moyano y el resto de la cúpula de la CGT estarán al frente de la marcha convocada para este viernes frente a la sede comunal.

Así, el repudio sindical a la decisión del jefe comunal Mauricio Macri de intervenir la obra social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA) durante seis meses y avanzar en su desregulación tendrá este viernes un nuevo capítulo, dado por la irrupción de Moyano en el conflicto.

"La CGT y la secretaría de Derechos Humanos repudiamos enérgicamente las medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri que atentan contra el derecho fundamental a la salud", sostuvo la conducción gremial a través de un comunicado difundido este jueves y firmado por Moyano y el dirigente Julio Piumato.

La compulsa entre Sutecba y Macri se originó tras el anuncio de las autoridades comunales de que no serán renovados algo más de dos mil contratos de empleados estatales, y se profundizó este miércoles con el anuncio de la intervención por seis meses de la obra social, a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Amor ratificó además que en las próximas horas el sindicato de los trabajadores estatales porteños presentará un amparo ante la justicia para frenar la decisión de Macri, "una vez que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial y tenga valor legal".

"Consideramos que Macri carece de facultades para decretar la intervención; la obra social de los municipales es un ente público pero no estatal, que se nutre de los aportes de los trabajadores", explicó este jueves el abogado de SUTECBA, Daniel Llermanos, en diálogo con Télam.

Por su parte, el secretario general del gremio de los encargados de edificios (SUTERH), Víctor Santa María, dijo a radio América que Macri "se está equivocando si pretende usar los mismos métodos que (utilizó) la dictadura militar para presionar a los trabajadores para que renuncien a sus conquistas".

La idea de Macri es resistida también por el kirchnerismo porteño, que en las últimas horas anunció que no daría su acuerdo para que la medida sea refrendada en la Legislatura.

"Nos oponemos a que se use de rehén al vecino y a los trabajadores en una discusión entre el gremio y el gobierno de la ciudad; estamos en contra de esta escalada en la cual la ciudad está paralizada y la situación es complicada", afirmó este jueves el titular de la bancada del Frente para la Victoria en la Legislatura de la Ciudad, Diego Kravetz, en diálogo con Télam.

Si bien aceptó que los referentes kirchneristas mantienen un diálogo fluido con sus pares del oficialismo porteño, Kravetz dijo que todavía no estaba decidida la forma en que su bloque expresará su oposición a la decisión de Macri.

Desde el macrismo, en tanto, se mostraron confiados en conseguir el respaldo legislativo al decreto que, dijeron, se consigue con mayoría simple, es decir con el voto de la mitad más uno de los legisladores, un requisito fácil para PRO.

La vicejefa de gobierno porteño, Gabriela Michetti, afirmó este jueves que la intervención de la obra social de los municipales afectó a "un sector muy chiquito" que mantenía cautivo a "más de 120 mil afiliados" con intereses que "no" respondían al "bien común".

Michetti explicó que con esa medida se apuntó a "atacar de entrada" a sectores "muy acostumbrados y tranquilos en la defensa de intereses que no eran del bien común".

Las diferencias entre macristas y kirchneristas alcanzan a los mecanismos legislativos: mientras desde el gobierno aseguran que el apoyo parlamentario debe alcanzarse dentro de los 30 días hábiles siguientes al decreto, la oposición advierte que son 10 los días para cumplir con el trámite, de acuerdo con el artículo 91 de la constitución porteña.

Fuente: Télam