El decreto será debatido hoy por el cuerpo en sesión extraordinaria. Mientras el oficialismo espera conseguir los votos necesarios, está pendiente la decisión de la justicia contravencional, que podría hacer lugar a un amparo presentado por el gremio de municipales. Ayer ATE cumplió un paro.

El macrismo confía en conseguir este jueves el respaldo legislativo a la intervención de la obra social de la Ciudad, que recibió este miércoles el repudio -con un paro de 24 horas- de ATE, tras el acuerdo alcanzado este martes con el gremio de los municipales, dijeron fuentes partidarias.

La intervención de OBSBA dispuesta por el gobierno porteño podría quedar ratificada este jueves en una sesión extraordinaria de la Legislatura, si el oficialismo consigue el voto de la mitad más uno de los diputados presentes.

Sin embargo, la justicia contravencional porteña podría desactivar la intervención si en las próximas horas dicta una medida de "no innovar", en respuesta a un amparo presentado por Sutecba, pese a que este martes el gremio acercó posiciones con el gobierno porteño en una pulseada paralela por la no renovación de contratos.

El jefe de Gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confió este miércoles en que la Justicia no obstaculice la intervención a la obra social y remarcó que el oficialismo buscará en Legislatura "un apoyo político adicional" a la medida.

"No veo razones para que la justicia haga lugar al amparo y lo más natural es que la Legislatura decida porque es el cuerpo en el que están representados los partidos y los votos de la gente", afirmó.

Rodríguez Larreta apuntó que el interventor de ObSBA, Jorge Rey, "ya está trabajando con el objetivo de dar un servicio bueno a los empleados y que puedan elegir libremente su obra social".

"Si nos acompaña el gremio, bienvenido sea porque significa que ellos también escucharon el mensaje de la gente", completó.

En tanto, el gremio estatal ATE marcó hoy las diferencias con una movilización y un paro de 24 horas, en rechazo a la decisión del jefe comunal Mauricio Macri de no renovar unos 2.300 contratos que quedaron cesantes en diciembre.

El secretario general del Gobierno porteño, Marcos Peña, sostuvo hoy que la comuna está dispuesta a convocar a ATE al diálogo para analizar la situación del empleo público, pero reclamó "que se levanten las medidas de fuerza".

Peña definió la medida de fuerza como "por lo menos, prematura", aunque remarcó que el Gobierno porteño "está de acuerdo con el diálogo si se levanta" el paro.

En declaraciones formuladas a Radio 10, el funcionario porteño se cruzó con el secretario adjunto de ATE Capital, Rodolfo Arrechea, quien le recriminó la ausencia de una convocatoria al diálogo, pero Peña reafirmó que no habrá conversaciones mientras esté vigente una medida de fuerza.

Desde Sutecba, en cambio, el dirigente Alejandro Amor se mostró conciliador con el alcance del acuerdo firmado este martes, al afirmar que deben quedar "fuera del Estado" aquellos que "no trabajen", pero advirtió que podría retomarse el paro suspendido "si se despide a uno que está trabajando".

El acta firmada este miércoles entre el gobierno porteño y el Sindicato Único de los Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) expresa la decisión de revisar contratos, de censar a los empleados y deja abierta la puerta para disponer traslados de empleados de una dependencia a otra.

"Por eso pedimos el censo sobre los contratados, toda la planta permanente y las locaciones de servicios", dijo sobre los 126 mil trabajadores porteños, 52 mil de los cuales son afiliados a la intervenida obra social de la Ciudad.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, consideró este miércoles que es "absolutamente correcta" la decisión de intervenir la obra social ObSBA, pero cuestionó el "pacto" entre Macri y Sutecba, que incluyó en "la lógica Alfonsín".

Explicó que, con esa lógica, se "enfrenta a los sindicatos cuando recién se asume, con alta legitimidad, y se termina pactando".

"La intervención es absolutamente correcta. Eso era una caja en la que no había servicios para los empleados municipales y donde se tendría que haber operado la desregulación en el año 2003", detalló Carrió.

No obstante, juzgó "importante que sea el jefe de Gobierno y la actual administración la que mantenga la decisión y el poder de qué contratos corresponden y qué contratos no corresponden".

Fuente: Télam