Debido al “colapso” en Casación Penal

La Cámara de Diputados bonaerense, aprobó los dos proyectos de reforma penal que fueron enviados por el gobernador Daniel Scioli.

Considerados por el Poder Ejecutivo y los legisladores como los instrumentos procesales “imprescindibles para descomprimir el cuello de botella que significan unas 7. 000 causas penales frenadas", una de esas iniciativas modifica las competencias del Tribunal de Casación Penal y de las Cámaras de Apelaciones y Garantías de ese fuero, como también introduce variantes en las vías recursivas.

El fundamento para su aprobación es el estado de “colapso” por el que atraviesa el Tribunal de Casación Penal, en razón de que las atribuciones originales se han visto fuertemente incrementadas, colocando en riesgo la garantía de los imputados.

Como fruto del acuerdo con el ministro de Justicia, Ricardo Casal, se facultó a la Suprema Corte de Justicia a recurrir al “certiorari”, un mecanismo mediante el cual podrá rechazar recursos extraordinarios en un trámite rápido y evitar así la acumulación de causas.

La Corte también podrá abocarse –“certiorari positivo”- a analizar un recurso, aunque ya se haya pronunciado en un caso análogo, por considerar que la causa tiene la gravedad constitucional suficiente para analizarlo, expresó Marcelo Feliú, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y se encargó de analizar cada tramo y sentido de las propuestas consideradas en el recinto, mientras que Raúl Pérez, jefe de la bancada FPV-PJ, respondió los cuestionamientos de opositores y les recordó la voluntad de consenso expuesta tanto por el gobernador Daniel Scioli como del ministro de Justicia, Ricardo Casal, que en 60 días estuvo reunido cinco veces con los legisladores.

Cabe destacar que los proyectos en cuestión fueron aprobados por el bloque oficialista, y por de los bloques Recrear, PRO y Concertación Plural.

La UCR, en cambio, votó a favor del sistema de flagrancia, pero se opuso al de reforma del Código de Procedimiento Penal.

En orden a la primera de las iniciativas y para concretar la corrección penal, los diputados sustrajeron del ámbito del Tribunal de Casación los casos comprendidos en materia correccional, de modo tal que a ese estrado llegarán los recursos interpuestos en materia criminal.

Con el fin de atenuar los excesivos plazos en el trámite de los procesos y con vistas a darles un tiempo razonable, se fija un término de resolución definitiva de seis meses, con la posibilidad de prórroga por igual tiempo mediante resolución fundada.

La propuesta dispone, también, que las causas en materia criminal deben ser resueltas por dicho tribunal en el plazo máximo de un año, desde la entrada en vigencia de la ley.

En el orden correccional, se dispone que los expedientes sean distribuidos entre las distintas Cámaras de Apelaciones departamentales, con excepción de las que funcionan en los departamentos judiciales Zarate-Campana, Necochea y Pergamino, con miras a descongestionar la instancia superior.