El oficialismo de la Cámara Baja aspira progresar en las próximas semanas con el debate de una serie de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo para reformar el Código Procesal Penal. El objetivo es acelerar las causas, especialmente las vinculadas a los derechos humanos.

El oficialismo de la Cámara de Diputados aspira avanzar en las próximas semanas con el debate de una serie de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para reformar el Código Procesal Penal que buscan agilizar las causas penales en general y, especialmente, las vinculadas a los derechos humanos.

Se trata de cinco proyectos enviados por el Poder Ejecutivo semanas atrás a la Cámara de Diputados y que el oficialismo aspira a debatir en dos semanas en las próximas reuniones de las comisiones de Legislación Penal, Derechos Humanos y de Justicia, respectivamente.

La decisión del Poder Ejecutivo de enviar los proyectos fue anunciada en la Casa de Gobierno por el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, quien remarcó que las iniciativas buscan "evitar el retardo de justicia y dar celeridad a los procesos de la justicia".

Las iniciativas fueron respaldadas en esta ocasión por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la diputada Victoria Donda Pérez; y el legislador Juan Cabandié, además de otros integrantes de organizaciones de derechos humanos.

Ahora, la Cámara de Diputados busca avanzar en los dictámenes de los proyectos -que ingresaron la semana pasada a la cámara baja- y serían debatidos en un par de semanas en comisión, para luego ser tratados en el recinto.

La primera iniciativa está vinculada con el establecimiento de recompensas para personas que puedan aportar datos sobre causas o prófugos de la Justicia y contempla recursos económicos para las recompensas, a la vez que se crea una unidad para la búsqueda de acusados de violaciones a los derechos humanos.

La segunda, que modifica el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, está vinculada a los recursos dilatorios existentes en la justicia, como los recursos judiciales, y busca asegurar al imputado un pronunciamiento definitivo, en un plazo razonable.

El tercer proyecto apunta al establecimiento de la oralidad de los recursos para acotar los tiempos de la justicia, y en ese sentido el funcionario adelantó que "prevé la creación de una agencia especial para la concreción de las audiencias orales".

Asimismo, el cuarto proyecto -vinculado al anterior- tiene como objetivo evitar la acumulación de causas penales y establece la creación de la Cámara de Casación Nacional que tendrá jurisdicción sobre los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, el quinto proyecto establece la subrogancia para los tribunales orales federales y busca dotar al Ejecutivo y a la Justicia de elementos para agilizar a la justicia.

En principio, este último proyecto comenzará a ser debatido la semana próxima a nivel de asesores y en 15 días por los diputados de la comisión de Justicia, Luis Cigogna, la única donde tiene giro esa iniciativa.

Para la titular de la comisión de Legislación Penal de la cámara baja, la kirchnerista Nora César, estas normas son "una respuesta concreta en esta Argentina donde los ciudadanos decidieron en octubre de 2007 profundizar los cambios y optimizar el funcionamiento de las instituciones y poderes de la República".

En esa línea, la legisladora bonaerense añadió que "es y debe ser política del Estado Nacional la persecución y el enjuiciamiento de quiénes hayan cometido delitos comunes y delitos de lesa humanidad".

En tanto, la diputada de Encuentro Social y Popular, Victoria Donda Pérez, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, aseguró a Télam que la intención es que los proyectos "avancen lo más rápido posible", al afirmar que las iniciativas buscan "respetar las garantías constitucionales de todos".

Según la legisladora, los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo "van a servir para que pueda haber justicia" porque, dijo, "cuando se tarda mucho es difícil poder impartirla. Que los juicios demoren menos tiempo en llegar a la etapa oral va a ayudar a que el Estado pueda proteger a testigos, jueces y fiscales".

Fuente: Télam