Los abogados Eduardo Barcesat y Raul Markovic iniciaron acciones legales contra los dirigentes de las cuatro principales entidades del campo, a las que acusan de afectar "el normal abastecimiento alimentario, generando encarecimiento artificial de todos los productos".

Los abogados Eduardo Barcesat y Raul Markovic denunciaron este martes a los dirigentes de las cuatro principales entidades del campo, a las que acusan del corte de rutas por afectar "el normal abastecimiento alimentario, generando encarecimiento artificial de todos los productos", lo que "configura una hipótesis sediciosa y amenazante".

La denuncia quedó radicada en el juzgado del magistrado Juan Ercolini, quien debe tramitar la causa iniciada por los letrados, quien señalaron que la conducta de los dirigentes del campo provoca "grave afectación a los conjuntos de derechos civiles y políticos" y los "derechos económicos, sociales y culturales".

En las siete carillas de la denuncia -a la que Télam tuvo acceso- los letrados afirmaron que "las medidas de fuerza dispuestas y ejecutadas por los productores agropecuarios" afectan "la gobernabilidad e imponen al Poder Judicial de la Nación el cumplir con su deber primero, que es el de asegurar la observancia de la supremacía de la Constitución Nacional".

Las cuatro entidades agropecuarias: Federación Agraria, Sociedad Rural, CONINAGRO y CARBAP están realizando un paro desde la semana pasada en contra del aumento de retenciones móviles a la soja dispuesta en marzo último.

"Es totalmente inadmisible que un poder económico -en el caso de los agropecuarios- se arrogue la autoridad para cortar las rutas nacionales y provinciales, entorpeciendo o impidiendo totalmente el tránsito por las mismas, por períodos prolongados e indeterminables, definiendo qué transportes son ’autorizados’ a continuar su tránsito y cuales impedidos", sostienen.

En la nueva causa entablada este mediodía -que lleva el número 7062/08- los denunciantes recuerdan que una presentación anterior (del 26 de marzo último) fue derivada, por incompetencia, al fuero penal económico, entendiendo de aplicación la normativa de la ley de abastecimiento, lo que implicó la desestimación de otras figuras penales invocadas en aquella presentación.

Barcesat vuelve ahora a la carga afirmando que "la situación institucional y económica, ya gravosa al tiempo de aquella presentación, ha empeorado ostensiblemente con la reanudación de las medidas de fuerza dispuestas y ejecutadas por los productores agropecuarios, configurando extremos que -real y efectivamente- afectan la gobernabilidad".

"Ahora tenemos nuevas ’aduanas’ generadas por los productores agropecuarios que deciden, arrogándose potestades que ni el Gobierno Federal ni los provinciales poseen de determinar quienes pueden pasar, ejerciendo un poder de hecho que ingresa al cono de sombra del delito constitucional", afirman en uno de los párrafos de la presentación.

En tono enfático sostienen que "se pretende doblegar" al Gobierno "imponerle la concesión de beneficios y privilegios indebidos, que van contra toda política de redistribución de los ingresos".

En ese sentido afirman que "la ley argentina es igualitaria; prohíbe tanto a los ricos como a los pobres cortar las rutas y desabastecer a la población; parafraseando "la ironía de Anatole France cuando afirmaba que la ley francesa prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes de París".

Fuente: Telam